Por Christian Galarza Martínez En sesión extraordinaria, la Comisión Conjunta de Gobernación y Legislación, Obras y Servicios del Ayuntamiento de Mexicali aprobó un pronunciamiento rechazando la municipalización del agua. Dicha comisión estuvo conformada por 4 munícipes, sin embargo, se contó con la presencia de 7 regidores más con voz pero sin voto, el síndico procurador Héctor Israel Ceceña y el tesorero del Ayuntamiento, Víctor Amador Barragán, quienes dieron el visto bueno a dicho posicionamiento en contra de la reforma y solicitaron una sesión extraordinaria urgente de Cabildo para emitirlo formalmente en conjunto. Hasta el momento son 3 los Ayuntamientos que aprobaron la municipalización de los organismos del agua, sin embargo, el Síndico Procurador añadió que dicho posicionamiento que emita el Cabildo de Mexicali debería ser remitido a la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN), luego de que él presentara una controversia ante la misma institución sin haber obtenido respuesta aún. El regidor que presentó la propuesta fue Héctor Ibarra Calvo, quien aseguró se violentó la autonomía del municipio al ser el Estado y su Congreso quienes aprobaran dicha reforma, cuando el que debió haber hecho la solicitud fue el municipio en primer lugar, por lo que solicitó al Congreso, en la misma propuesta, revierta la reforma aprobada. "Tarde o temprano el agua tiene que pasar al municipio, eso es lo correcto, pero se tiene que hacer sabiendo que vamos no a oscuras y no con un riesgo para las finanzas públicas", dijo el regidor panista. Por su parte, Víctor Amador comentó que sí se aprobara la municipalización del agua en Mexicali esto podría impactar negativamente la deuda pública de la capital del Estado, ya que el Ayuntamiento Municipal cuenta con una de 951 millones de pesos, mientras que la de la Comisión Estatal de Servicios Públicos de Mexicali (CESPM) es de 760 millones de pesos, cerca del 80 por ciento de la del municipio. El regidor Fernando Rosales Figueroa señaló que el decreto aprobado por el Congreso establece un periodo de 60 días para que se instalen los nuevos organismos operadores de agua, siendo que un decreto publicado en 1999 establecía que deberían ser 90 días. Los regidores, el síndico y el tesorero concordaron con que este no era un no a la municipalización del agua, pero si que no se estaba dando de manera regular, además de ser un mal momento para que el gobierno municipal asuma un organismo de este tipo debido al proceso de transición por el que atraviesan.