Ciudad de México, septiembre 15.- La incertidumbre generada por el último paquete de reformas constituciones del presidente Andrés Manuel López Obrador, en especial la reforma al Poder Judicial, no sólo puede erosionar el apetito de inversión extranjera en nuestro país y generar volatilidad en los mercados, sino también que encendió las luces de alerta ante una posible recesión. Así lo advierten expertos en temas económicos quienes están convencidos de que la economía mexicana va hacia una recesión moderada debido a que se detendrá el flujo de inversión. Con ello, alertaron, 2025 iniciaría con una contracción del Producto Interno Bruto (PIB). Sin embargo, otros ven “una tormenta en un vaso de agua”, pues aún es temprano para conocer las consecuencias de las reformas. El escenario base para los más conservadores sigue siendo una desaceleración económica, porque falta ver la aplicación de las reformas y el tiempo que tomarán sus efectos. Otros consideraron que con o sin reformas podría darse una recesión por el alto déficit fiscal y los retos financieros de Petróleos Mexicanos (Pemex). Pese a ello, los expertos coincidieron en ajustar a la baja sus pronósticos para el PIB tanto para este año como para 2025. Pero hasta ahora, ninguno prevé una recesión. Clima de incertidumbre que rodea a las reformas sigue siendo elevado “Creemos que la economía mexicana se podría dirigir rápidamente hacia una recesión, no leve, sino moderada, si se aprueban las reformas constitucionales y si esto trae controversias comerciales de Estados Unidos”, advirtió Gabriela Siller, la directora de Análisis Económico y Financiero de Banco Base. Y agregó: “Se va a detener el flujo de inversiones y de reinversión de utilidades de empresas de Estados Unidos asentadas en el país”. Banco Base estima que las últimas iniciativas del mandatario tabasqueño pueden costar 1.9% del PIB y, si este año se anticipa un avance de 1.9%, en el siguiente se tendría una contracción. UBS, banco de inversión suizo, tiene en el radar sólo debilidad económica, descartando una caída drástica del PIB. “Al momento vemos señales de desaceleración económica, pero no de una recesión”, dijo la directora de Estrategias de Inversión en México, Gabriela Soni, quien consideró que es pronto para señalarlo. Y agregó: “Es mejor esperar a tener todos los elementos para evaluar el impacto, agregó, hasta que se aprueben y se apliquen las reformas, y tomará tiempo para que sus efectos sean palpables”. Sin embargo, el clima de incertidumbre que rodea a las reformas sigue siendo elevado. Coincidió con Siller en el enorme costo de oportunidad que se tendría en un contexto de reordenamiento del mapa geopolítico con el nearshoring. “La solución no es borrar de tajo al Poder Judicial u órganos autónomos” DePor su parte, el profesor del Centro de Investigación y Docencia Económicas (CIDE), Raúl Feliz, afirmó que, sin duda, quitar controles y contrapesos es un factor neto negativo, pero no se pueden sacar conclusiones sin ninguna base. “La respuesta del mercado puede ser de incertidumbre, malestar; habrá que esperar a que se instale la nueva administración para ver si habrá nuevos estímulos y así tener un análisis”, recomendó. Descartó una recesión por esas reformas, aunque el riesgo es latente aun si no existieran. “En el margen, tendrían una pequeña contribución, pero no es la razón. Simplemente, la economía se está desacelerando después de dos o tres años de que estuvo funcionando a pleno vapor”, señaló. Dijo que hay que tomar en cuenta que se acercan las elecciones en los Estados Unidos y la transición de gobierno, que por lo general impacta entre medio punto y un punto del PIB. Agregó que se pudo evitar la “tormenta en un vaso de agua” si las reformas se hubieran hecho con más consenso o haciendo una pausa para que el nuevo gobierno las discutiera, sin dejar de considerar que algunos elementos del diagnóstico son correctos. “Es cierto que el Poder Judicial es corrupto, ineficiente, ineficaz; cierto que muchos de los organismos autónomos son excesivamente costosos. Todo eso es verdad, pero la solución no es borrarlos de tajo”, señaló. Mientras tanto, López Obrador publicó este domingo en el Diario Oficial de la Federación (DOF) el decreto de la reforma judicial tras su aprobación en el Congreso federal y en al menos 17 legislaturas locales. Por medio de redes sociales, el mandatario, acompañado por Claudia Sheinbaum, compartió que firmó el decreto. ¿QUÉ DICE? Estas son los puntos de la iniciativa que generan controversias en la opinión pública mexicana, incertidumbre en los mercados e inquietud en socios clave como Estados Unidos. 1. Elección popular de jueces La proposición plantea la elección por voto popular de los miembros de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN), del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación (TEPFJ), de un nuevo Tribunal de Disciplina Judicial y, en general, de todos los jueces de distrito y magistrados de circuito del país. En total, mil 688 cargos se someterían a votación, de los que 21 serían a nivel nacional y el resto quedarían divididos por estados. En cuanto a las fechas previstas, en 2025 se elegirían ministros de la Suprema Corte y la mitad de los jueces y magistrados de distrito, y la otra mitad sería elegida en 2027. 2. Cambios en la Suprema Corte La Suprema Corte es el máximo tribunal constitucional y máxima autoridad jurisdiccional del Poder Judicial en México. La propuesta prevé una reducción en la cantidad de ministros (integrantes) de la SCJN, que pasarían a ser nueve en lugar de los 11 actuales y cuyo cargo mantendrían por 12 años, tres menos que en la actualidad. También eliminaría las dos salas que funcionan en el presente y la Corte solo sesionaría en pleno. Para optar al puesto sería necesario ser mayor de 35 años, tener una década de antigüedad como abogado y no haber ocupado cargos el año previo a su elección. No habría posibilidad de pensión vitalicia en caso de jubilación, como ahora, y la remuneración de los miembros de la Corte nunca podrá superar a la del jefe del Ejecutivo. 3. Un nuevo Tribunal de Disciplina Judicial Es otra novedad, pues sustituiría al Consejo de la Judicatura Federal (CJF), órgano de administración y vigilancia interna del Poder Judicial. Podría recibir denuncias de cualquier persona u autoridad, e investigar a ministros, magistrados, jueces y personal judicial por actos contrarios a la ley. De los siete miembros del CJF pasaría a solo cinco, de los que el Ejecutivo nombraría uno, el Senado otro y el resto la SCJN, con un periodo de seis años cada uno. 4. Jueces sin rostro La reforma contempla la posibilidad de incorporar la persona de “jueces sin rostro“, figuras que impartirían justicia en casos de narcotráfico y alta violencia de forma anónima con el objetivo de preservar su seguridad e independencia frente a extorsiones y amenazas. Estas medidas, implementadas en otros países como Brasil, Perú, Colombia o El Salvador, suscita grandes recelos por la opacidad que implica, ya que estos jueces no obedecerían a ningún tipo de rendición de cuentas públicamente y tendrían un poder casi absoluto otorgado por la propia Constitución. 5. El apoyo de Sheinbaum y las críticas internacionales Pese a que en un primer momento se especuló con que Sheinbaum podría defender una versión más moderada de la reforma, finalmente la presidenta electa, que asume el gobierno el próximo 1 de octubre, respaldó completamente la iniciativa presentada por López Obrador. En el plano internacional, el embajador estadounidense Ken Salazar quien aludió a “riesgos para la democracia y la economía”, y agencias calificadoras como Fitch, mostraron su preocupación por el impacto que pudiera tener la reforma en la inversión y la seguridad jurídica. A ello se suma la depreciación del peso, que ha sido continuada desde que se conociese la victoria electoral de Sheinbaum, con una caída hasta las 20 unidades por dólar, nivel no visto desde 2022.