Con el objetivo de proporcionar información para definir las principales rutas de acción para la política de desarrollo social de la Administración Pública Federal (APF) 2024-2030, el CONEVAL llevó a cabo la Evaluación Integral del Derecho a la Salud 2023-2024. La administración 2024-2030 se ha propuesto atender los retos presentes para garantizar el derecho a la salud; la implementación del Organismo Público Descentralizado (OPD) IMSS Bienestar puede ser un avance en la atención que brinda el sistema público de salud. Es positivo que desde el inicio de la administración se plantee la reducción de la incidencia del gasto de bolsillo mediante el fortalecimiento de la atención primaria, además de las acciones que se implementarán para expandir la infraestructura y disponibilidad de servicios en regiones con población en situación de vulnerabilidad, así como el incremento de los salarios del personal de salud. Existen retos estructurales que impiden garantizar el derecho a la salud como son: la fragmentación y segmentación del sistema público de salud, la falta de directrices integrales acerca de su funcionamiento y coordinación en el marco de su reconfiguración, la baja inversión y la asignación desigual de los recursos entre subsistemas, así como la calidad diferenciada de la atención y los servicios. Como consecuencia de la baja inversión, la fragmentación de los sistemas y las desigualdades en el financiamiento, el gasto per cápita en salud para la población sin seguridad social fue de $3,979.7, en comparación con los $5,446.0 asignados a la población con seguridad social. Resolver los retos estructurales permitirá avanzar en temas más específicos como el gasto de bolsillo en México, las atenciones médicas preventivas y en áreas con padecimientos de atención prioritaria, así como el déficit en recursos humanos y la necesaria completitud, integralidad y consolidación del sistema de información. El gasto de bolsillo en México es de 42.1%, que equivale al doble del 20% del gasto corriente total en salud recomendado por la Organización Panamericana de la Salud (OPS). Adicionalmente, el porcentaje de la población que incurrió en gastos catastróficos en México se duplicó entre 2018 y 2020 al pasar de 2.4% a 4.4%. Regular la generación y calidad de bienes y servicios de salud, incluyendo los ofrecidos en los Consultorios Adyacentes a Farmacias (CAF), y crear un Sistema Nacional de Inteligencia en Salud para contar con información para la planeación, implementación y seguimiento de la política de salud, así como para reaccionar de manera oportuna ante emergencias sanitarias. Las recomendaciones para garantizar el derecho a la salud incluyen el diseño de una política integral en salud con acciones estructurales que contribuyan a avanzar en la garantía de derecho, como definir un paquete de servicios homologado con financiamiento para todos los sistemas con atención a padecimientos de alto costo y baja incidencia que no pueden prevenirse y otro para padecimientos prevenibles.