Tijuana, Baja California, diciembre 14.- La propuesta de incrementar la tasa ordinaria del Impuesto Sobre Remuneraciones al Trabajo Personal, comúnmente conocido como Impuesto a la Nómina, en Baja California para el año fiscal 2024, generó controversia y reacciones mixtas por parte de diversos sectores de la sociedad, especialmente con los organismos empresariales de acuerdo con un comunicado. El proyecto de Ley de Ingresos del Estado de Baja California para 2024 busca elevar la tasa ordinaria de este impuesto del 1.80 por ciento vigente en 2023 al 4.25 por ciento, al tiempo que elimina las sobretasas específicas del 1.20 por ciento destinado a la educación superior y el 1.25 por ciento para la seguridad pública, reemplazándolas por una tasa única del 4.20 por ciento. Por un lado, la Secretaría de Hacienda del estado argumenta que estos cambios no representan un ajuste real al alza que afecte significativamente a los contribuyentes, ya que actualmente se paga un 4.25 por ciento entre la tasa ordinaria y las sobretasas. Además, señalan que la eliminación de las sobretasas es necesaria tras una determinación de la Suprema Corte de Justicia de la Nación que las considera parte del mismo tributo. Sin embargo, la propuesta generó preocupación entre miembros de la organización Acción por los Derechos Fundamentales en Baja California, AC. encabezada por el contador Rufo Ibarra Batista, quienes expresaron su inquietud sobre las posibles consecuencias negativas que esto podría tener para la educación, seguridad pública y desarrollo económico en la entidad, dijeron en un comunicado. En particular, la eliminación de la sobretasa del 1.20 por ciento destinada a la educación podría afectar la calidad y accesibilidad de este servicio, según la organización. También advierten que la eliminación de la sobretasa del 1.25 por ciento para la seguridad pública podría comprometer el compromiso estatal de garantizar la protección de los ciudadanos y tener implicaciones directas en la seguridad pública. Otro punto de preocupación es la reducción propuesta en la participación del Fideicomiso Empresarial de Baja California (Fidem), del 5 por ciento al 1.5 por ciento sobre la tasa del impuesto, lo que representaría una disminución significativa de recursos que podrían afectar proyectos de desarrollo económico y empresarial en el estado. La propuesta también contempla la eliminación de un decreto que beneficiaba a empresas y emprendedores al eliminar el 1.25 por ciento de sobretasa, lo que ha generado inquietud entre varios profesionales y líderes empresariales en la región. Marina del Pilar negó esto, pero ya conocemos a los políticos, que actúan en sentido inverso a sus palabras.