Tijuana, Baja California, agosto 26.- La Federación Baja California de Coparmex tronó contra el gobierno del Estado encabezado por Marina del Pilar, luego de conocer las cifras estatales que difundió el organismo nacional a través de DataCoparmex, una encuesta que se aplica entre los miembros del organismo. En la misma se detalla que el 36.4% de los socios manifestó haber vivido un acto de corrupción durante el último año; el 43.9% de los socios fue víctima de algún delito; solamente el 18.15% de los encuestados consideró que es un buen momento para invertir; apenas el 11.8% de los socios consideró que el gobierno estatal ha cumplido; en tanto que el 59.9% de los socios reportó problemas al realizar trámites de gobierno Ante estas cifras, la Federación señaló en un comunicado que Baja California necesita acciones verificables para recuperar la confianza y fortalecer a sus empresas, pues afectan la apertura de nuevas empresas, la operación de las existentes y la generación de empleos formales. El texto detalla lo siguiente: A la Comunidad y a los Gobiernos Federal, Estatal y Municipales: Los cinco indicadores de DataCOPARMEX 2026 para Baja California constituyen un llamado urgente a actuar. Sus resultados muestran obstáculos que afectan la apertura de nuevas empresas, la operación de las existentes y la generación de empleos formales. La medición recoge las experiencias y percepciones de los socios encuestados en Baja California. Aunque algunos indicadores presentan mejoras respecto de la medición 2025/1, cuatro de los cinco mantienen resultados desfavorables frente al promedio nacional. Esta situación exige una respuesta coordinada de los tres órdenes de gobierno, con responsabilidades claras y resultados que la sociedad pueda evaluar. 1.-Recuperar la confianza para invertir: Únicamente el 18.15% de los socios encuestados considera que es un buen momento para invertir, frente al 23% nacional. El indicador cayó 14.8 puntos porcentuales respecto de 2025/1. Exigimos certidumbre para emprender y crecer: reglas claras, estabilidad en los criterios administrativos y decisiones públicas que consideren sus efectos sobre la inversión y el empleo. Los gobiernos deben establecer una agenda conjunta para atender los obstáculos que frenan nuevos proyectos y la expansión de los negocios. Existe una oportunidad que debemos aprovechar: 50.9º/o de los socios manifiesta planes de ampliar su empresa, pese al entorno de incertidumbre. 2.- Disminuir los delitos que afectan a las empresas: El 43.9% de los socios encuestados fue víctima de algún delito durante el último año. Aunque el resultado mejoró y es inferior al promedio nacional de 45.6°/o, sigue representando una afectación grave. Exigimos coordinación efectiva entre las autoridades de seguridad y procuración de justicia, con acciones específicas contra la extorsión y el robo de mercancías. Se requieren canales de denuncia seguros, protección a las víctimas y seguimiento de las investigaciones. El 47.5% aumentó su gasto en seguridad. Este costo reduce los recursos disponibles para contratar personal, mejorar salarios y ampliar operaciones. La autoridad debe garantizar condiciones para trabajar sin miedo.

3. Resolver los obstáculos en los trámites gubernamentales: El 59.9% de los socios reportó problemas al realizar trámites de gobierno, frente al 46.9% nacional. Baja California registra el tercer porcentaje más alto entre las 32 entidades. Exigimos simplificar trámites, eliminar requisitos duplicados y publicar costos, plazos y responsables de cada procedimiento. La digitalización debe reducir tiempos y permitir dar seguimiento a las solicitudes. Cada orden de gobierno debe revisar sus procesos y corregir las demoras que le corresponden. Abrir, regularizar o mantener una empresa debe ser un procedimiento accesible y transparente. 4. Responder al bajo reconocimiento del desempeño estatal: Sólo el 11.8% de los socios considera que el gobierno estatal ha cumplido, frente al 29.2% nacional. Baja California ocupa el lugar 30 de 31 entidades evaluadas. Este resultado demanda una revisión seria de la gestión pública. Exigimos al gobierno estatal presentar compromisos medibles para atender las principales fallas señaladas, particularmente inseguridad y corrupción, y explicar periódicamente sus avances. Recuperar la confianza requiere escuchar a la comunidad, corregir decisiones y demostrar resultados en la vida cotidiana. 5. Reducir la corrupción y asegurar consecuencias: El 36.4% de los socios manifestó haber vivido un acto de corrupción durante el último año, por encima del 30.4% nacional. Reconocemos la disminución de 10.7 puntos porcentuales, pero el nivel sigue siendo inaceptable. Exigimos controles efectivos en trámites e inspecciones, pagos oficiales verificables y mecanismos de denuncia con seguimiento. Las autoridades competentes deben investigar y, cuando corresponda, sancionar los actos de corrupción. Desde el sector empresarial asumimos también el compromiso de actuar con integridad, rechazar pagos indebidos y contribuir a su prevención. Una respuesta pública con plazos y seguimiento: La Coparmex en Baja California, exige a los tres órdenes de gobierno que, dentro de los próximos 30 días, convoquen una mesa de trabajo con representantes empresariales y de la sociedad civil para acordar un programa de atención a estos cinco problemas. Proponemos que el programa se publique dentro de los 90 días siguientes a este llamado, con responsables por dependencia, metas cuantificables y recursos identificados. Sus avances deberán informarse trimestralmente. Convocamos a la comunidad a participar y dar seguimiento a estos compromisos. La Federación Baja California de Coparmex expresa su disposición a colaborar y mantendrá una postura firme para exigir resultados. Baja California necesita gobiernos que faciliten la actividad productiva, protejan a quienes trabajan y rindan cuentas. Las empresas y las familias merecen condiciones que les permitan prosperar, concluye.