Tijuana, Baja California, mayo 8.- La Cámara Mexicana de la Industria de la Construcción (CMIC) llevó a cabo el primer foro de Diálogos por la democracia en el que se invitó a los candidatos a diputados locales a quienes se expusieron los retos e inhibidores en materia de infraestructura. Gabriel Vizcaíno, presidente de CMIC, delegación Tijuana, Tecate y Rosarito, explicó que estos foros son una iniciativa del Consejo Coordinador Empresarial (CCE), cuya finalidad es expresar la unidad del sector productivo, así como conocer las propuestas de los aspirantes a cargos de elección popular. Entre los temas que se mencionaron, dijo, fue la necesidad de incrementar el presupuesto federal para infraestructura en la entidad, pues para este 2024 es de 5 mil millones de pesos, cuando el Banco Mundial dicta que se debe destinar un 5% del PIB (Producto Interno Bruto), lo que equivale a por lo menos 30 mil millones de pesos: “Tenemos que mejorar la inversión en obras de infraestructura, por eso a cada candidato se le entregó un documento con información relevante sobre la industria de la construcción". En el foro, Adrián Gallardo, especialista en políticas públicas y consultor de CMIC nacional, impartió una conferencia en la que expuso los retos e inhibidores para el sector en la ciudad. “Frente a serios rezagos en infraestructura y vivienda social en Tijuana debe reconocerse que son un imperativo económico, pues 97 de cada 100 tijuanenses declaran como un problema gravísimo el deterioro y mal estado de las calles, de acuerdo con el INEGI”, comentó. El ponente argumentó que históricamente Tijuana y Baja California han recibido un trato inequitativo en cuanto a los recursos de la federación, pero en los últimos años se ha agravado, porque de 2014 a 2023 se recortó en 58% la inversión en carreteras, 22% en agua, 91% en educación, lo cual se refleja en afectaciones a la infraestructura y, por tanto, a la calidad de vida. Para terminar, el consultor coincidió en la necesidad de aumentar el presupuesto anual en infraestructura a por lo menos el 5% del PIB, así como el promover las inversiones mixtas del sector público y privado para proyectos de movilidad urbana, plantas tratadoras de agua, construcción de periféricos, entre otros, lo cual se puede gestionar desde el congreso.