Bruselas, Bélgica, julio 14.- La Comisión Europea ha lanzado el miércoles un rotundo mensaje: si una empresa no incluye la lucha contra el cambio climático entre sus prioridades tendrá cada vez más complicado acceder y operar en el mercado europeo, el más poderoso del mundo con sus 405 millones de habitantes (y consumidores). Una de las señales más claras está dirigida a la industria del motor. Bruselas ha propuesto que a partir de 2035 no se puedan vender turismos ni furgonetas nuevos que emitan dióxido de carbono, lo que en la práctica significa vetar los motores de combustión, diésel, gas e híbridos. La Comisión se alinea así con lo que ya estaban proponiendo algunos países —España en su nueva ley de cambio climático había fijado ese veto para 2040—, con lo que varias firmas europeas, como Volvo o Volkswagen, habían puesto sobre la mesa y con las preferencias que están mostrando en gran medida los consumidores. La medida es un mensaje a los fabricantes europeos para que aceleren su transformación hacia el coche eléctrico y una advertencia a las firmas de fuera para que cambien si quieren seguir haciendo negocio en Europa. Aunque importante, el veto a los coches de combustión no es la única medida que ha puesto sobre la mesa este miércoles la Comisión. Bruselas, de hecho, se ha convertido en la capital mundial de la lucha contra el cambio climático con la aprobación de los primeros proyectos legislativos para acelerar drásticamente la reducción de emisiones de efecto invernadero durante esta década. Europa fue el primer continente que se marcó el objetivo de lograr la neutralidad climática (cero emisiones) en 2050 y ahora se adelanta al resto de la comunidad internacional en la fijación de las primeras medidas concretas para alcanzarlo. El plan, bautizado con el estrambótico nombre en inglés de Fit for 55 (en forma para el 55, en inglés), incluye también el objetivo de duplicar las energías renovables hasta alcanzar el 40% de cuota en 2030, la fijación por primera vez de objetivos obligatorios de eficiencia energética y el endurecimiento de las condiciones del mercado de emisiones para elevar el precio de la tonelada de CO₂. Además, se obliga al sector del transporte y al de la vivienda a crear su propio mercado de emisiones. Todo ello se complementa con un mecanismo de ajuste en fronteras que a partir de 2026 penalizará las importaciones en ciertos sectores de compañías cuya producción no se ajuste a los estándares europeos de limpieza. “La economía de los combustibles fósiles ha llegado a sus límites”, ha sentenciado la presidenta de la Comisión Europea, Ursula von der Leyen, tras la aprobación de toda una batería de propuestas legislativas. “Queremos dejar a la próxima generación un planeta saludable y también buenos empleos y un crecimiento que no dañe a la naturaleza”, ha añadido la dirigente europea. “Las metas climáticas ya no son solo un objetivo político, sino también una obligación legal”, dijo la presidenta de la Comisión. A partir de ahora, en los próximos meses, la Comisión tendrá que pactar con el Parlamento Europeo y con los gobiernos de los Veintisiete todas estas medidas en una negociación que se prevé dura. Y, una vez que esté acordado todo el paquete normativo, los países tendrán que actualizar sus planes de energía y clima para ser más ambiciosos. El plan incluye la creación de un fondo social de 72.000 millones de euros en el período 2025-2032 para paliar el impacto que el encarecimiento del suministro energético puede tener en la vida diaria de millones de ciudadanos europeos, tanto por los mayores costes en el transporte como por la mayor factura del consumo energético en los hogares. Bruselas espera evitar así que la lucha contra el cambio climático desencadene protestas como la vivida en Francia con la llamada revuelta de los chalecos amarillos, que paralizó de manera espontánea y repentina buena parte del país para protestar contra un aumento en la fiscalidad de los carburantes.