En el marco del encuentro Estatal de la Red de Mujeres Electas en Baja California, “Unidas Somos Más Fuertes”, la presidenta municipal de San Quintín, Miriam Cano habló de su corta experiencia como alcaldesa del municipio más pobre de Baja California. Cano dijo que una de las dificultades más recurrentes ha sido la percepción de que, por ser mujer, su papel en la administración municipal debe incluir una dimensión maternal. Explicó que recibe solicitudes de la población que exceden el ámbito gubernamental, basadas en una expectativa de asistencia personal que no se exige de la misma manera a sus pares masculinos. Según el Instituto Nacional Electoral (INE), dijo, la violencia política contra las mujeres sigue en aumento en México. Hasta julio de 2024, 363 personas habían sido sancionadas por cometer este tipo de violencia, de las cuales 289 eran hombres y 74 mujeres. En México, subrayó, la violencia política de género ha sido denunciada en diferentes niveles de gobierno. Datos del INE indican que los cargos más afectados por estas sanciones incluyen presidentes municipales con un 20.38% de los casos, ciudadanos con un 18.46%, regidores con un 13.08% y periodistas con un 10.38%. Cano también habló sobre el impacto de las leyes diseñadas para proteger a las mujeres, que en algunos casos han sido utilizadas para descalificar el debate político. Señaló que, aunque estas normativas fueron creadas con la intención de erradicar la violencia de género, se han convertido en herramientas para silenciar discusiones ideológicas, pues cualquier confrontación política puede interpretarse como violencia de género, limitando la capacidad de respuesta ante críticas. En su exposición la política omitió que en Baja California la violencia contra la mujer se ha disparado vía los delitos sexuales, que están en su mayor nivel en dos décadas.