Tijuana, Baja California, octubre 7.- A unas horas de haber tomado protesta como director de Policía y Tránsito de Tijuana, Rafael Vázquez Hernández, fue víctima de las amenazas de parte del crimen organizado, al dejar restos humanos cerca de su domicilio. Según reportes de los medios locales el incidente ocurrió la noche del cinco de octubre y ayer la alcaldesa de la ciudad, Montserrat Caballero Ramírez, se refirió al tema y aclaró que las amenazas de grupos delictivos en contra del recién nombrado director de la Policía,“son por su trabajo”. “Es sobre su trabajo y para mí eso es indicativo de que los pillos tienen miedo”, dijo Caballero Ramírez en un evento público. “Dejaron un mensaje de miedo, un mensaje de presencia y creo que con esto las acciones se reafirman. No me merece más que seguir trabajando y seguir con fortaleza y creo que hoy por hoy las designaciones son las correctas”, agregó. No es la primera vez que el nombre de Rafael Vázquez Hernández se menciona en una narcomanta: en 2017 en la colonia Infonavit La Mesa fue colgada una tela en donde denunciaban abuso, robo y extorsión de dos elementos de la extinta Policía Estatal Preventiva, uno de ellos era el recién nombrado director de la Policía de Tijuana, quien en ese año fungía como subdirector de la PEP. No obstante, la alcaldesa Caballero aseguró que los los nombramientos de jefes policiacos cuentan con los exámenes de control y confianza, “y se limpiará la corporación para contener el delito de homicidios en la ciudad”. Vázquez Hernández ha sido comandante de la coordinación de Investigación Preventiva de la Policía Estatal Preventiva, también se desempeñó como encargado de despacho de la Dirección General de la Policía Estatal Preventiva, jefe de grupo de la Base de Operaciones Mixta Mexicali y director de la Policía Preventiva y Tránsito en San Luis Río Colorado, Sonora. Existe a la fecha una denuncia en contra de Vázquez Hernández, interpuesta en agosto de 2019, por allanamiento de morada, robo y tortura. También tiene un proceso, iniciado en noviembre de 2019 por varios agentes de la desaparecida Policía Estatal Preventiva, por la presunta venta de plazas.