El gobierno de Baja California dejó caducar, en las propias instalaciones del Instituto de Servicios de Salud Pública del Estado de Baja California (Isesalud), alrededor de un millón 622 mil 826 fármacos e insumos médicos que se compraron entre 2017 y 2021, lo que representó una pérdida económica de 93.7 millones de pesos, de acuerdo con los reportes de almacén del mismo Instituto. Daño por el que no sólo no se ha logrado determinar responsables, ni sanciones hasta ahora, sino que sigue sin estar bajo ningún control, el reporte a junio de 2022 muestra un panorama más grave: una pérdida de 131.6 millones de pesos en fármacos caducados solo en este año. Enriquecimiento ilícito, abuso de funciones, irregularidades por la adjudicación directa de contratos e incluso falsificación de documentos y firmas por parte de los proveedores para poder prestar el servicio, son algunas de las anomalías que podrían configurarse en el suministro y recepción de medicamentos caducados, aseguró Rosina del Villar Casas, secretaria de Honestidad y Función Pública (SHFP). La pérdida de fármacos e insumos médicos por vencimiento de su vida útil se detectó durante el gobierno de Jaime Bonilla Valdez. “Los médicos responsables de los almacenes nos presentan quejas y nos dicen que no van a firmar ninguna verificación de medicamento que está a punto de vencerse, sobre todo cuando existe en almacén cantidades muy grandes de los mismos medicamentos que también ya están caducados”, reveló a principios de 2021 Vicenta Espinosa, quien fue la titular de la SHFP en la administración de Bonilla. Espinosa aseguró investigar el hecho, pero concluyó su función sin la integración de un expediente ni la presentación de denuncias ante el Tribunal Estatal de Justicia Administrativa (TEJABC) y la Fiscalía General del Estado (PGEBC). En los 213 contratos identificados de productos caducados se detectó recepción de material con fecha de vencimiento inferior a la establecida en contrato con los proveedores, adquisición en demasía de insumos médicos repetidos y envío por parte del gobierno federal de fármacos e insumos de salud no requeridos por la autoridad local. Estos tres factores saturaron, aún más, los tres almacenes centrales del Instituto de Servicios de Salud Pública (Isesalud), los depósitos de cuatro de los principales hospitales públicos, así como la Jurisdicción Sanitaria Número 4, ubicada en Vicente Guerrero, una de las comunidades más marginadas de Baja California. De los 93.7 millones de pesos detectados como pérdida económica en medicamentos caducados, 25.3 corresponden a material clasificado como extraviado, al no encontrarse físicamente y, en muchos de los casos, sin registro de su salida. “Si entra y no sale, entonces ¿dónde está?”, cuestionó Rosina del Villar. Los funcionarios a cargo de Isesalud no sólo dejaron caducar medicamentos y material médico, también fueron en contra del reglamento y decidieron incinerar parte de los fármacos. “Se quemaron 5 millones de pesos en medicamentos caducados, procedimiento que se decidió en junta de gobierno de administraciones pasadas”, expuso la funcionaria. Pero de esta incineración del material caducado podría no fincarse responsabilidad a nadie, “porque se eliminó la evidencia”, consideró Del Villar Casas, quien analiza si la junta de gobierno tenía atribuciones para decidir el destino de ese medicamento. Fármacos caducados sin distribuir. Del medicamento que sí fue localizado, el 65% se ocupa en el tratamiento contra el cáncer, diabetes, epilepsia, hipertensión, trastorno bipolar e infecciones de diversos tipos, de acuerdo con la información de Isesalud. Y mientras estas medicinas e insumos se quedaban en cajas de los almacenes, el desabasto de fármacos para pacientes con cáncer alcanzó un nivel promedio del 50% durante 2020 y 2021, de acuerdo con estimaciones hechas por las autoridades de los hospitales de Isesalud. Además, cirugías y quimioterapias fueron diferidas hasta por lapsos de cuatros meses en ese mismo periodo. Posibles implicados en quebranto En el caso de los medicamentos caducados existió complicidad para hacer negocios entre el comprador, que aquí serían las autoridades de Isesalud, y el proveedor; además de una omisión en la recepción y no distribución del medicamento y material médico, asegura Vicente Sánchez Munguía, profesor e investigador de El Colegio de la Frontera Norte (Colef). “Hay responsabilidad tanto de las autoridades como de las empresas, si el contrato se viola, hay responsabilidad del proveedor”, anotó. De acuerdo con los registros de los almacenes del sistema de salud pública de Baja California, de los 93.7 millones de pesos en fármacos y material de salud que se detectó caducado, el equivalente a 58.2 millones de pesos fueron localizados, y de estos, el 94.6% caducó a finales de 2019 y durante la pandemia por coronavirus, justo en el periodo de gobierno de Jaime Bonilla Valdez. Aunque la mayor cantidad de este material fue adquirido por su antecesor, Francisco Vega de Lamadrid, fue hasta la administración del morenista cuando gran parte del material médico expiró sin ser distribuido. La Coordinación Estatal de Almacenes es la encargada de regular y supervisar los depósitos de todo el estado, y los encargados y supervisores de estos, reciben y autorizan las salidas del medicamento, previa solicitud del mismo por parte de las autoridades médicas, hospitales o unidades de salud, de acuerdo con el organigrama institucional, pero fueron los funcionarios de la Dirección General de Isesalud los responsables de autorizar y suscribir los contratos con los proveedores de claves médicas que han saturado los almacenes con medicamentos caducos. Imagen 2: Medicamento localizado a la intemperie o tirado en la basura. Más detalles en https://www.borderhub.org/noticias-especiales/baja-california-vive-una-doble-realidad-por-un-lado/