Baja California registró un retroceso en materia de Estado de Derecho de acuerdo con la tercera edición del Índice de Estado de Derecho en México 2020-2021 (IEDM 2020-2021) realizador por World Justice Project (WJP). En ese sentido, Baja California pasó del lugar 13 al 20 en el IEDM 2020-2021 con una puntuación a la baja de 0.39, siendo el Estado una de las cinco entidades que reportaron descensos. El WJP recuerda que el índice utiliza una escala de 0 a 1, donde 1 significa mayor adhesión al Estado de Derecho, el documento indica que todas las entidades tienen aún retos importantes para alcanzar un Estado de Derecho robusto. Los estados con los puntajes más altos fueron Yucatán (0.47), Coahuila (0.45) y Campeche (0.44). Resalta que Yucatán ha liderado las tres ediciones del Índice, mientras que Coahuila y Campeche subieron desde las posiciones 6 y 4 en la versión previa del Índice, respectivamente. En contraste, los estados en los lugares más bajos para la edición 2020-2021 del Índice son Quintana Roo (0.34), Puebla (0.35), y Morelos (0.36). Desde la última edición del Índice de Estado de Derecho en México (2019-2020), se registraron incrementos modestos en los puntajes de 17 estados (Baja California Sur, Campeche, Chihuahua, Coahuila, Guanajuato, Guerrero, Michoacán, Nayarit, Querétaro, San Luis Potosí, Sinaloa, Sonora, Tabasco, Tamaulipas, Tlaxcala, Yucatán y Zacatecas), descensos en los puntajes de 5 entidades (Aguascalientes, Baja California, Oaxaca, Quintana Roo y Veracruz), y 10 estados permanecieron sin cambios en sus promedios (Chiapas, Ciudad de México, Colima, Durango, Estado de México, Hidalgo, Jalisco, Morelos, Nuevo León y Puebla). Los contrapesos más efectivos se vieron debilitados El documento indica que los datos muestran un continuo debilitamiento de la libertad de prensa y una contracción del espacio cívico, reflejado en las caídas de los puntajes de 16 entidades en el sub-factor 1.5, desde la última publicación del Índice. ´ A pesar del deterioro de estos contrapesos, la sociedad civil y la prensa se ubicaron de nueva cuenta como los más efectivos ante el poder ejecutivo estatal por tercera ocasión, por encima del poder legislativo, el poder judicial, los organismos de fiscalización y control, y las comisiones de derechos humanos estatales. Lorenzo Córdova resaltó la importancia de los contrapesos al declarar que “en una democracia, en la que se aspira contar con un Estado de Derecho vigente y vigoroso, resultan fundamentales los contrapesos; por ello, los organismos constitucionales autónomos somos también reguladores del poder y a ellos contribuye la vigilancia ciudadana sobre las instituciones.” Blanca Lilia Ibarra agregó que “las instituciones autónomas responden a una exigencia ciudadana de contar con órganos técnicos, especializados e independientes como factores de equilibrio del poder.” Jesús Ramón Moya resaltó la importancia de contar con datos en la toma de decisiones: “todos conocemos la frase que: lo que no se mide, no se puede evaluar. En ese sentido, con las disposiciones normativas actuales, existe una gran cantidad de información que se pone a disposición de la sociedad. Y esa información es la que nos permite poder abonar a la rendición de cuentas.” La seguridad sigue siendo un reto La seguridad continúa como uno de los mayores retos del país, como lo reflejan las tasas de homicidio, la percepción de inseguridad y la caída en los puntajes de ausencia de corrupción en la policía y las fuerzas de seguridad en 20 entidades del país, de acuerdo con la experiencia de las y los especialistas consultados durante 2020. No obstante, se registraron mejoras en los indicadores de incidencia y prevalencia delictiva en la mayoría de los estados. La medición de ausencia de delitos (medido en el indicador 5.2) mejoró en 26 estados del país, debido a caídas en las tasas de incidencia y prevalencia delictivas de la ENVIPE 2020, que mide delitos ocurridos en 2019.