Tijuana, Baja California, mayo 18.- El World Justice Project (WJP) dio a conocer su Índice de Estado de Derecho en México (IEDMX), el cual mide el grado de adhesión al Estado de Derecho de las 32 entidades federativas en el país. En el documento establece que los estados con los puntajes más altos en el Índice de Estado de Derecho en México 2021–2022 fueron Querétaro (0.49), Yucatán (0.47) y Guanajuato (0.46). Destaca que esta es la primera ocasión en la cual Querétaro y Guanajuato se encuentran en los primeros lugares del Índice, mientras que Yucatán se había ubicado en la primera posición en las tres ediciones anteriores. Los estados con los puntajes más bajos fueron Quintana Roo (0.36), Morelos (0.35), y Guerrero (0.34). El WJP señala que los puntajes de esta edición continúan mostrando un estancamiento, e incluso un deterioro, en materia de Estado de Derecho en los distintos estados del país. Los puntajes generales cayeron en 14 entidades (Campeche, Chiapas, Ciudad de México, Coahuila, Colima, Guerrero, Hidalgo, Michoacán, Morelos, Nayarit, Oaxaca, San Luis Potosí, Sonora y Tabasco), subieron en seis (Durango, Guanajuato, Nuevo León, Querétaro, Sinaloa y Tamaulipas), y permanecieron sin cambio en 12 (Aguascalientes, Baja California, Baja California Sur, Chihuahua, Estado de México, Jalisco, Puebla, Quintana Roo, Tlaxcala, Veracruz, Yucatán y Zacatecas). Estos cambios se explican en gran medida, por tres tendencias. La primera es un debilitamiento de los contrapesos institucionales a los gobiernos estatales y un cierre del espacio cívico. La segunda, es un deterioro en los sistemas de justicia penal. La tercera es la falta de avances en materia de anticorrupción BAJA CALIFORNIA En el caso concreto de Baja California, que se colocó en el lugar 16, igual que el año anterior, refiere que los resultados de esta edición muestran un deterioro de los contrapesos a los ejecutivos estatales, por ello en el puntaje del Factor 1: Límites al poder gubernamental bajó el Estado. Estas caídas se explican por dos tendencias. La primera es el debilitamiento del poder legislativo local y del poder judicial para actuar como contrapesos eficaces al ejecutivo estatal, situación que ha quedado totalmente comprobada con el Congreso sometido primero a Jaime Bonilla y hoy a Marina del Pilar, mientras que con el primero en especial se hizo uso político del aparato judicial. En el área civil y administrativa, al interior del Factor 7: Justicia Civil, en el 7.6, que mide si el sistema de justicia civil es expedito, Baja California presentó un retroceso, al tiempo que subraya que se estancó la lucha contra la corrupción, esto también muy evidente con Jaime Bonilla.