La diputada Alejandrina Corral Quintero presentó una iniciativa para reformar la Constitución Política del Estado, con el objetivo de dotar de mayor claridad constitucional a la conducción de la política estatal de seguridad pública y establecer de manera expresa la responsabilidad directa de la persona titular del Poder Ejecutivo. La legisladora explicó que la propuesta busca eliminar ambigüedades en la asignación de responsabilidades y fortalecer los mecanismos de control democrático, al considerar que la seguridad pública es una función esencial del Estado y una condición indispensable para garantizar los derechos humanos, la convivencia social y el desarrollo económico. De acuerdo con el planteamiento, la reforma permitiría consolidar un modelo de gestión basado en resultados, al obligar al Ejecutivo estatal a formular y conducir la política de seguridad pública mediante un Programa Estatal con metas cuantificables, indicadores verificables y mecanismos de evaluación periódica. Asimismo, la iniciativa contempla la comparecencia semestral obligatoria ante el Congreso del Estado para informar sobre la evolución de los indicadores delictivos, el ejercicio presupuestal y las acciones implementadas, lo que fortalecería la supervisión legislativa y la rendición de cuentas en la materia. Entre los aspectos relevantes también se incluye la obligación de garantizar la coordinación con la Federación y los municipios, así como la implementación de medidas extraordinarias cuando los índices delictivos superen de manera sostenida los parámetros establecidos en la planeación estatal. La diputada Corral Quintero señaló que la reforma no modifica el equilibrio de poderes ni invade competencias de otros órdenes de gobierno, sino que busca armonizar la conducción estatal de la seguridad pública con estándares contemporáneos de gobernanza democrática, transparencia y responsabilidad política. La propuesta establece que el incumplimiento grave o sistemático de las obligaciones en materia de seguridad pública podría derivar en responsabilidades políticas conforme a lo previsto en la Constitución y la legislación aplicable, con el propósito de fortalecer la confianza ciudadana y la eficacia institucional frente a uno de los principales desafíos sociales del estado.