Ensenada, Baja California, abril 5.- El Colegio de Abogados Constitucionalistas de Ensenada llamó a una protesta pacífica este lunes 6 de abril en el puerto, que exige la revocación del acuerdo 07/26 del Poder Judicial de Baja California, considerado inconstitucional y que vulnera los derechos de los abogados y litigantes. El acuerdo establece que, para poder intervenir como defensa técnica, representación legal o asesoría jurídica en procedimientos jurisdiccionales que involucren los derechos de niñas, niños y adolescentes, será obligatorio acreditar Especialidad, Maestría o Doctorado en Derecho Familiar, con RVOE y cédula profesional, y registrar previamente dicho grado en un registro electrónico del Poder Judicial local. La emisión de este acuerdo genera diversos cuestionamientos desde el ámbito constitucional y jurídico. En primer término, resulta posible sostener que se vulnera el libre ejercicio de la profesión, consagrado como derecho humano en el artículo 5° constitucional, al imponer requisitos adicionales que no se encuentran previstos en la legislación aplicable. El Código Nacional de Procedimientos Civiles y Familiares, en sus artículos 666, 800 y 138, únicamente establece la exigencia de “estándares de especialización profesional”, sin requerir explícitamente títulos de posgrado, siendo la cédula profesional federal el documento habilitante suficiente para el ejercicio de la abogacía en todo el territorio nacional. En segundo término, la medida constituye una invasión de competencias, dado que la regulación del ejercicio profesional de la abogacía corresponde de manera exclusiva a la Federación, conforme al artículo 73, fracción XVI, de la Constitución Federal. El Consejo de Administración del Poder Judicial del Estado de Baja California no posee facultad normativa para establecer requisitos de habilitación profesional que no hayan sido determinados por el legislador federal, toda vez que el CNPCF se aplica de manera supletoria y obligatoria, pero no otorga potestades para crear obligaciones adicionales de carácter general. Asimismo, el acuerdo suscita serias observaciones respecto al principio de legalidad y la seguridad jurídica, contenidos en los artículos 14 y 16 de la Constitución Federal. Un acuerdo general no puede sustituir la ley ni crear obligaciones o restricciones sobre derechos fundamentales. La sanción implícita que supone la imposibilidad de comparecer como defensa técnica ante la carencia de posgrado carece de fundamento legal expreso, contraviniendo el principio de reserva de ley y generando incertidumbre jurídica en los profesionales del derecho y los justiciables. Finalmente, esta disposición puede producir efectos negativos sobre la ciudadanía, particularmente respecto de la garantía de acceso a la justicia. Las personas que requieran la intervención de un abogado en procedimientos familiares podrían verse obligadas a contratar profesionales con posgrado, cuya remuneración podría resultar económicamente inaccesible. Esta circunstancia podría limitar el acceso efectivo a la justicia para las familias más vulnerables, afectando el derecho de los menores a la protección jurídica y a la tutela judicial efectiva. Ante ello es que el Colegio de Abogados Constitucionalistas, AC llama a unirse a la protesta pacífica en Ensenada a las 11 de la mañana en los Juzgados civiles y familiares de Ensenada La convocatoria la encabeza la presidenta del Colegio de Abogados Constitucionalistas, Eva Covarrubia, Capítulo Ensenada.