Washington, DC, Estados Unidos, septiembre 29.- El Departamento del Tesoro de Estados Unidos incluyó este martes a Carlos Alberto Torres Torres, exesposo de la gobernadora de Baja California, Marina del Pilar Ávila, entre las personas sancionadas por presuntos vínculos con una estructura del Cártel de Sinaloa encabezada por Ismael Zambada Sicairos, “El Mayito Flaco”. La medida fue anunciada por la Oficina de Control de Activos Extranjeros (OFAC), que incorporó a 21 personas y 25 empresas a su régimen de sanciones. El gobierno estadounidense identificó a la red como parte de la facción de Los Mayos y sostuvo que tiene operaciones principalmente en Sinaloa, Durango y Baja California. En el caso de Torres, el Departamento del Tesoro sostiene que utilizó su posición e influencia política para favorecer las actividades de la organización criminal y proteger su operación frente a autoridades gubernamentales y cuerpos de seguridad de Baja California. La acusación estadounidense coloca al exesposo de la mandataria estatal en una posición relevante dentro de la estructura que Washington atribuye a la red de Zambada Sicairos. De acuerdo con el señalamiento de OFAC, Torres mantenía una alianza con Juan José Ponce Félix, conocido como “El Ruso”, a quien las autoridades estadounidenses identifican como uno de los principales operadores de Los Mayos en Baja California. El gobierno de Estados Unidos ya había designado a Ponce Félix en septiembre de 2025 y lo señaló como líder del brazo armado de Los Mayos. En aquella acción, OFAC sostuvo que “El Ruso” tenía control sobre rutas de tráfico de drogas en Baja California y recordó que una acusación federal presentada en California en 2015 lo identificaba como integrante de alto nivel de la organización. El nuevo señalamiento agrega un componente político a la estructura descrita por Washington. Según el Departamento del Tesoro, Torres habría utilizado sus relaciones políticas para facilitar las operaciones de la organización y, además, habría recibido recursos a través de Pedro Ariel Mendívil, quien anteriormente ocupó el cargo de director de Seguridad Pública de Mexicali. La acusación sobre esos pagos no surge por primera vez en el caso. Desde 2025, una denuncia que posteriormente derivó en una investigación de la Fiscalía General de la República señalaba que Torres habría recibido alrededor de 150 mil dólares mensuales de Mendívil para permitir que la facción conocida como Los Rusos operara en Baja California. Esos señalamientos fueron difundidos inicialmente a partir de una investigación periodística de N+ y posteriormente fueron reportados por otros medios. Torres ha rechazado anteriormente los señalamientos en su contra. En enero de 2026, después de que se conociera la investigación de la FGR, sostuvo que el procedimiento no estaba sustentado en hechos comprobados, sino que derivaba de una denuncia anónima. La situación de Torres también tiene un antecedente migratorio en Estados Unidos. En mayo de 2025, las autoridades estadounidenses cancelaron su visa, al igual que la de Marina del Pilar Ávila. En ese momento, la gobernadora explicó que la medida tenía carácter migratorio y que no equivalía por sí misma a una acusación penal. Meses después, la separación de la pareja se hizo pública. Para entonces, Torres ya había dejado los cargos honorarios que desempeñaba y posteriormente ambos formalizaron su proceso de divorcio. La decisión anunciada ahora por el Tesoro estadounidense es distinta a la cancelación de una visa. Una designación de OFAC implica consecuencias financieras bajo la legislación estadounidense: los bienes y participaciones patrimoniales de las personas sancionadas que se encuentren en Estados Unidos o bajo control de personas estadounidenses quedan bloqueados, y las personas estadounidenses tienen prohibido realizar determinadas operaciones con los sancionados, salvo que exista una autorización específica. El alcance de la medida también se extiende a empresas que sean propiedad, directa o indirectamente, en al menos 50 por ciento de personas bloqueadas, conforme a las reglas de OFAC. Por ello, la designación no se limita a una restricción de entrada a Estados Unidos, sino que puede afectar relaciones financieras y comerciales sujetas a la jurisdicción estadounidense. El Departamento del Tesoro presentó la operación como parte de una estrategia para desarticular la estructura de Los Mayos, una facción del Cártel de Sinaloa que Washington considera responsable de actividades de narcotráfico, lavado de dinero y corrupción de funcionarios. En septiembre de 2025, OFAC ya había sancionado a Los Mayos y a varios de sus operadores en Baja California. En aquella ocasión, el gobierno estadounidense describió a Rosarito y otras zonas de la entidad como puntos relevantes para las actividades de tráfico de drogas de la organización. Ahora, la nueva acción amplía el señalamiento hacia operadores políticos y personas que, según las autoridades estadounidenses, habrían contribuido a mantener la capacidad de operación de la estructura criminal. Entre los nombres relacionados con la nueva red aparece también Rafael Buenrostro Marín, exfuncionario de Aduanas y antiguo asesor legislativo, a quien el Tesoro estadounidense vincula con otro operador de Los Mayos, José Ángel Rivera Zazueta, alias “Don Flaco”. Este último fue detenido en Ciudad de México la semana pasada en una operación en la que participaron autoridades mexicanas con información proporcionada por agencias estadounidenses. La investigación estadounidense se produce además después de que la Fiscalía General de la República mexicana confirmara que mantenía abierta una indagatoria contra Torres por presuntos delitos relacionados con delincuencia organizada, narcotráfico y lavado de dinero. La existencia de esa investigación fue confirmada públicamente en enero por la gobernadora de Baja California. En aquel momento, Marina del Pilar Ávila manifestó su confianza en que la Fiscalía realizara una investigación exhaustiva y que los hechos fueran esclarecidos. Torres, por su parte, cuestionó que la investigación se hubiera originado en una denuncia anónima. La nueva designación estadounidense no constituye por sí misma una sentencia judicial mexicana ni una resolución penal que determine responsabilidad de Torres. Se trata de una acción administrativa de sanciones adoptada por el gobierno de Estados Unidos con base en información que sus autoridades consideran suficiente para incluirlo en su régimen de personas bloqueadas. El caso vuelve a colocar a Baja California en el centro de las acciones estadounidenses contra las estructuras del Cártel de Sinaloa. La entidad fronteriza ha sido señalada reiteradamente por autoridades de ambos países como un territorio estratégico para las rutas de tráfico de drogas hacia Estados Unidos. También vuelve a cobrar relevancia la relación entre estructuras criminales y actores políticos que las autoridades estadounidenses han descrito en sus investigaciones. En septiembre de 2025, por ejemplo, OFAC sancionó a la entonces exalcaldesa de Playas de Rosarito, Hilda Araceli Brown Figueredo, y a otros operadores a quienes acusó de facilitar actividades de Los Mayos en ese municipio. Con la nueva medida, Washington amplió nuevamente el alcance de sus sanciones en Baja California y colocó entre los designados a Carlos Alberto Torres Torres, quien además de su trayectoria política fue durante años pareja de la actual gobernadora del estado. La Unidad de Inteligencia Financiera de México informó, de acuerdo con reportes publicados tras el anuncio estadounidense, que incorporará a los mexicanos incluidos en la designación de OFAC a su Lista de Personas Bloqueadas como medida administrativa preventiva. El caso queda ahora sujeto a dos planos distintos: por un lado, las sanciones financieras impuestas por Estados Unidos y, por otro, la investigación que corresponde a las autoridades mexicanas. La determinación de responsabilidades penales, en su caso, deberá derivar de los procedimientos y pruebas que presenten las autoridades competentes ante las instancias judiciales correspondientes.

SEÑALAMIENTO DIRECTO En el comunicado se señala textualmente lo siguiente: En el centro de esta trama de narcocorrupción se encuentran el exesposo de la gobernadora de Baja California, Carlos Alberto Torres Torres , y su hermano Luis Alfonso Torres Torres . Carlos Torres es un operador político vinculado al cártel que mantiene una alianza con El Ruso. Utiliza su influencia política para facilitar las actividades del cártel y proteger al Cártel de Sinaloa de la intervención del gobierno y las fuerzas del orden en Baja California. El Departamento de Estado de EE. UU. le revocó la visa en mayo de 2025 debido a su afiliación al cártel y su trabajo para el Cártel de Sinaloa. El exdirector de Seguridad Pública de Mexicali, Pedro Ariel Mendivil García , también tiene una alianza con El Ruso. Mendivil recibió sobornos de El Ruso a cambio del control del Cártel de Sinaloa sobre la policía municipal de Mexicali para facilitar el narcotráfico y llevar a cabo operaciones de represión del cártel. Según informes, Carlos Torres también recibió pagos mensuales de Mendivil para permitir que el Cártel de Sinaloa operara con relativa impunidad en el estado. Luis Torres fue el responsable de recibir estos sobornos y blanquear los fondos ilícitos a través de empresas y campañas políticas. Originario de Mexicali, Rafael Buenrostro Martín ( Buenrostro ) es un exfuncionario del gobierno mexicano que se desempeñó como funcionario de aduanas en Chihuahua y como asesor legislativo del gobierno del estado de Baja California. Buenrostro es conocido de Carlos Torres y amigo cercano del líder del Cártel de Sinaloa, José Ángel Rivera Zazueta ( Rivera Zazueta ). Buenrostro proporcionó favores políticos e influencia para impulsar la organización criminal de Rivera Zazueta a cambio de sobornos. El 30 de enero de 2023, Rivera Zazueta fue designado conforme a la Orden Ejecutiva 14059. Hoy, la OFAC vuelve a designar a Rivera Zazueta conforme a la Orden Ejecutiva 13224, enmendada, por haber actuado o pretendido actuar en nombre o representación, directa o indirectamente, del Cártel de Sinaloa. Rivera Zazueta es dueño de una casa de cambio en Mexicali, Mia Centro Cambiario, SA de CV ( Mia ), que utiliza para lavar dinero para el Cartel de Sinaloa, así como de una empresa de transporte, Rivos Servicios, SA de CV ( Rivos ). La OFAC designa a Mia y Rivos de conformidad con la Orden Ejecutiva 14059 y con la Orden Ejecutiva 13224, enmendada, por ser propiedad de Rivera Zazueta, estar bajo su control o dirección, o haber actuado o pretendido actuar en su nombre o representación, directa o indirectamente. La OFAC también tiene en la mira a otro importante asociado de Rivera Zazueta. Diosvany Samuel Chapotin Villalba ( Chapotin ) está involucrado en el tráfico de cocaína, metanfetamina y otros narcóticos, y es un importante lavador de dinero. Chapotin utiliza diversos métodos para lavar fondos, incluyendo cuentas bancarias comerciales en Estados Unidos para depositar grandes cantidades de dinero provenientes del narcotráfico, así como transacciones con criptomonedas para transferir finalmente los fondos ilícitos de regreso a México. Chapotin trabajó con Rivera Zazueta y otros individuos vinculados al Cártel de Sinaloa para lavar las ganancias del narcotráfico. Carlos Torres, Luis Torres, Mendivil, Buenrostro y Chapotin están siendo designados de conformidad con la Orden Ejecutiva 14059 por haber proporcionado, o intentado proporcionar, apoyo financiero, material o tecnológico, o bienes o servicios en apoyo del Cártel de Sinaloa. Asimismo, Carlos Torres, Luis Torres, Mendivil, Buenrostro y Chapotin están siendo designados de conformidad con la Orden Ejecutiva 13224, enmendada, por haber asistido materialmente, patrocinado o proporcionado apoyo financiero, material o tecnológico, o bienes o servicios al Cártel de Sinaloa. Vida Organica Tijuana, S. de RL de CV ; Edifika Desarrollos Baja, S. de RL de CV ; The Woods Bar, S. de RL de CV ; Raes Restaurante, S. de RL de CV ; y Distribuidora y Comercializadora ATAF están siendo designadas de conformidad con la EO 14059 y de conformidad con la EO 13224, según enmendada, por ser propiedad de, estar controladas por, o dirigidas por, o haber actuado o pretendido actuar para o en nombre de, directa o indirectamente, Luis Torres. La OFAC designa a Grupo Gasolinero Nueva Esperanza, S. de RL de CV de conformidad con la Orden Ejecutiva 14059 y con la Orden Ejecutiva 13224, enmendada, por ser propiedad de, estar controlada por o dirigida por, o haber actuado o pretendido actuar para o en nombre de, directa o indirectamente, Mendivil. Finalmente, la OFAC designa a Publicidad E Imagen Integral ENLA-C, S. de RL de CV de conformidad con la EO 14059 y con la EO 13224, enmendada, por ser propiedad de, estar controlada o dirigida por, o haber actuado o pretendido actuar para o en nombre de, directa o indirectamente, Buenrostro.