Tijuana, Baja California, marzo 24.- La política antiempresarial del gobierno del Estado de Baja California no se detiene, por lo que Jaime Bonilla ordenó a Amador Rodríguez Lozano a continuar con la amenaza de expropiar el Club Campestre, lo que viene a generar más incertidumbre en el sector empresarial sobre invertir en la entidad. En un comunicado, Amador, encargado de la Secretaría General de Gobierno (SGG), dice que “dejó claro que la posible expropiación de Club Campestre es un acto apegado a la ley, que atiende intereses de los tijuanenses, en lugar de los particulares”. "Quiero señalar que la postura del gobernador Jaime Bonilla Valdez ha sido una postura reactiva ante un grupo de empresas que no pagaban el agua ni el predial y que habían asumido una actitud prácticamente de sentirse por encima de la ley; cuando el titular del Ejecutivo lo hizo público, me ordenó que analizara la posibilidad de expropiar el Club Campestre, lo cual está contemplado en la Constitución de Baja California", expresó Rodríguez Lozano.

Sin embargo, la realidad es que la insistencia de Bonilla atenta al estado de derecho y es una pésima señal para los inversionistas que ante la incertidumbre generada por Jaime ya comenzaron a cancelar proyectos y muestra de ello es que las nuevas inversiones a Baja California cayeron 54.5% en 2020