Ciudad de México, 27 de abril de 2021 - Las autoridades de los estados mexicanos de Baja California y Sonora deben rescindir de inmediato las cartas que ordenan al sitio web de noticias Yo Rechazo la Corrupción y la Impunidad que retire los artículos que cubren la presunta corrupción de un candidato político, el Comité para la Protección de Periodistas dijo hoy. El 23 de marzo, Dianeth Pérez Arreola, reportera de investigación y fundadora del sitio web, recibió una carta de la Fiscalía Especial para la Atención de Delitos Electorales del estado de Baja California, ordenándole que elimine cualquier referencia a Natalia Rivera, candidata política local, del sitio web del medio, según el periodista, que habló con el CPJ en una entrevista telefónica, y una copia de la carta, que el CPJ revisó. El 19 de abril, Pérez Arreola recibe dos cartas adicionales, que el CPJ revisó, una de la Fiscalía del Estado de Baja California y otra de la Fiscalía Especial de Delitos Electorales del estado de Sonora, ordenándole nuevamente que se abstenga de publicar cualquier contenido que haga referencia a Rivera. . Las cartas advirtieron que Pérez Arreola, egresada de Comunicación de la Universidad Autónoma de Baja California, podría ser arrestada o multada si se negaba a cumplir. La periodista le dijo al CPJ que eliminó gran parte de sus informes sobre Rivera después de recibir esas cartas. El CPJ llamó a Rivera varias veces para hacer comentarios, pero ella no contestó el teléfono. “Es indignante que las autoridades de Baja California y Sonora estén usando una ley destinada a combatir la violencia de género para evitar que Dianeth Pérez Arreola publique un trabajo crítico con un candidato político”, dijo Jan-Albert Hootsen, representante del CPJ en México. “Hacemos un llamado a las autoridades de ambos estados para que detengan de inmediato lo que claramente constituye acoso a Pérez Arreola y permitan que la prensa cubra libremente las elecciones, sin temor a represalias”. Las tres cartas alegan que Pérez Arreola violó la Ley General de Sonora para el Acceso de las Mujeres a una Vida Libre de Violencia en videos que publicó sobre la candidata, y alegó que su cobertura de Rivera constituyó acoso. Las cartas ordenaban a Pérez Arreola que se abstuviera de publicar detalles sobre Rivera "ajenos a la vida pública de la candidata" y le advertían que no "denigrara ni degradara a una mujer". Rivera trabaja en la gobernación de Sonora y es candidato a la Cámara de Diputados federal para representar a Sonora en las próximas elecciones del 6 de junio; El 23 de febrero, Yo Rechazo la Corrupción y la Impunidad publicó un video alegando que Rivera había utilizado su cargo de funcionaria pública para enriquecerse ilegalmente. El CPJ revisó ese video y otro, del día anterior, anunciando la próxima investigación; desde entonces, los videos se han desconectado. Pérez Arreola dijo al CPJ que también había subido otros dos videos sobre Rivera, uno como adelanto de una próxima investigación y otro con nuevas denuncias de corrupción, el 1 de marzo, y los había retirado después de recibir las cartas. El CPJ no pudo revisar esos dos videos. Pérez Arreola dijo al CPJ que ha seguido publicando artículos sobre la candidata, incluido uno el 26 de marzo y otro el 21 de abril , acusando a Rivera de utilizar a las autoridades estatales de Baja California y Sonora para acosarla e intimidarla, y también publicó un video en abril. 21 que contienen acusaciones de corrupción. “Mis abogados me dijeron que es muy extraño que primero se me acercaran las autoridades de Baja California y no las de Sonora, donde tiene su sede Natalia Rivera”, dijo Pérez Arreola al CPJ, agregando que Rivera no se había puesto en contacto con ella pidiendo una derecho a responder a las acusaciones en sus informes. Pérez Arreola tiene su sede en Mexicali, la capital de Baja California. “Las acusaciones son absurdas, ya que ninguno de los videos trataba sobre la vida personal de Rivera y ninguno de ellos contenía ningún contenido que pudiera ser degradante para ella como mujer”, dijo Pérez Arreola. El CPJ llamó repetidamente a la Fiscalía Especial para la Atención de Delitos Electorales del estado de Baja California y a la Fiscalía del Estado de Sonora para hacer comentarios, pero nadie respondió.