Los consejeros ciudadanos del Sistema Estatal Anticorrupción de Baja California (SEABC) rechazaron la suspensión que les hizo la Secretaría de la Honestidad y Función Pública (SHFP) del gobierno del Estado ya que no son servidores públicos ni tampoco es la autoridad competente para aplicarles ninguna medida disciplinaria. La consejera Claudia Telles dio a conocer que los consejeros ciudadanos han sido blanco de un sinnúmero de ilegalidades a partir que presentaron un protocolo para proteger a testigos presenten denuncias por actos de corrupción y cuando alzamos la voz para que los actos de corrupción de funcionarios sean investigados y sancionados conforme a la ley para que no queden solo en papel y discurso. En ese sentido, Telles advirtió que esto detonó una persecución y hostigamiento contra el Sistema Estatal Anticorrupción de algunos funcionarios de gobierno con el apoyo de dos miembros del Comité de Participación Ciudadana. Esta situación se evidenció con la sesión del Comité Coordinador de marzo de 2020 cuando se decidió suspender las reuniones de los órganos del SEABC, después se condicionó el presupuesto 2021 a la aprobación del Órgano de Gobierno de la Secretaría Ejecutiva cuyas sesiones fueron convocadas pero, la inasistencia de representantes de gobierno se cancelaron al no alcanzar quorum para sesionar. Después la SHFP suspendió al secretario Ejecutivo, también de manera ilegal y a la directora de Administración y Servicios. Ahora nos enfrentamos a una suspensión ilegal de esta secretaría, dijo la consejera ciudadana cuya período concluye en 2024. Sin presupuesto se siguió trabajando en el proyecto de la Política Estatal Anticorrupción y en la instrumentación de la Plataforma Digital Estatal, comentó. La mañana de este miércoles los consejeros Claudia Telles, Jorge Topete, Francisco Fiorentini, Álvaro Gutiérrez y el presidente del CPC, Eduardo Arredondo acudieron a la SHFP para darle contestación por escrito.