El exgobernador Jaime Bonilla Valdez, el primer mandatario estatal emanado de Morena en Baja California, fue inhabilitado por tres años para ejercer el servicio público por parte del Tribunal Estatal de Justicia Administrativa (TEJA). Lo anterior, debido al permiso que otorgó durante su administración de dos años a la empresa Next Energy, para construir una planta fotovoltaica, cuando no estaba en sus funciones como mandatario estatal hacerlo, debido a que se trata de una atribución federal. Marina del Pilar anunció la resolución del TEJA: “es recurrible y él estará en su derecho de hacer lo que considere su beneficio. Es un proceso que inició desde hace ya bastante tiempo”. Por su parte, María Gabriela Monge Pérez, encargada de la Secretaría Anticorrupción aseveró que “en efecto, el día de ayer fuimos notificados de esta resolución. Fuimos notificados el día de ayer, tres años de inhabilitación y obviamente los presuntos responsables pues tienen las acciones correspondientes para impugnar la resolución. “Hay que recordar que estos asuntos son de inicios de la administración y ya estaba para resolución”, dijo. Durante su administración, Bonilla otorgó a la empresa Next Energy un contrato para la construcción de una planta fotovoltaica, el cual involucra también a Banca Afirme. Dicho contrato se otorgó a pesar de que no contaba con la anuencia del gobierno federal, único facultado para concederla, ni con los permisos de uso de suelo. Desde el inicio del gobierno de Marina del Pilar, la administración estatal anunció una serie de denuncias penales e inicios de procedimientos administrativos contra el entonces senador y un grupo de sus funcionarios. Sin embargo, fue hasta en 2024, cuando Bonilla, ahora dirigente estatal del Partido del Trabajo (PT) dejó el Senado de la República, que fue requerido formalmente por la Fiscalía General del Estado (FGE) y por el Poder Judicial del Estado, pues ya no contaba con fuero. La inhabilitación por tres años le impediría ocupar nuevamente un cargo de elección popular, esto con miras a la elección de 2027, cuando se renovará la gubernatura, las siete alcaldías, el Congreso local y las diputaciones federales. Por el caso de Next Energy, la FGE ha llevado diversos casos penales que incluyen a exfuncionarios e incluso a directivos del banco Afirme.