La diputada Alejandrina Corral Quintero presentó una iniciativa de reforma a la Ley de Víctimas para el Estado de Baja California con el propósito de fortalecer la protección del Fondo Estatal de Ayuda, Asistencia y Reparación Integral, así como garantizar una reparación efectiva a las víctimas de violaciones a derechos humanos. La propuesta plantea establecer mecanismos de responsabilidad institucional y previsión presupuestaria cuando las compensaciones económicas deriven de resoluciones firmes relacionadas con violaciones a derechos humanos por parte de servidores públicos estatales o municipales, ya que han incrementado la presión financiera sobre el Fondo Estatal y pone en riesgo su capacidad para atender futuras obligaciones, señala un comunicado. La legisladora afirmó que se busca equilibrar la protección efectiva de las víctimas, la sostenibilidad financiera del Fondo Estatal y el adecuado ejercicio de los recursos públicos, mediante una propuesta jurídicamente viable, financieramente responsable y alineada con los principios constitucionales de legalidad, seguridad jurídica y tutela de los derechos humanos. El derecho a la reparación integral implica no sólo reconocer una violación a los derechos humanos, sino garantizar mecanismos eficaces para restituir, compensar y reparar los daños ocasionados a las víctimas, en este sentido, el Fondo Estatal constituye una herramienta fundamental para asegurar el acceso oportuno a medidas de ayuda, asistencia y compensación. Cabe destacar que la iniciativa incorpora observaciones emitidas por la Dirección de Consultoría Legislativa del Congreso del Estado, respecto a que cualquier previsión financiera deberá sujetarse a la disponibilidad presupuestaria autorizada, al Presupuesto de Egresos correspondiente y a la legislación hacendaria vigente. Asimismo, contempla mecanismos de coordinación entre la Comisión Ejecutiva Estatal de Atención Integral a Víctimas y las autoridades hacendarias para la programación, seguimiento, control y fiscalización de los recursos destinados al cumplimiento de medidas de compensación. Por otro lado, se prevé que las autoridades competentes puedan promover procedimientos de responsabilidad administrativa, civil, patrimonial o de repetición contra los servidores públicos responsables, con el fin de fortalecer la rendición de cuentas y prevenir conductas contrarias a los derechos humanos.