La propuesta legislativa impulsada por la gobernadora Marina del Pilar para sancionar el uso ilícito de cámaras en vía pública —conocido como “halconeo”— ha generado preocupación entre especialistas en derecho y organizaciones civiles, quienes advierten que la iniciativa carece de diagnóstico criminal, indicadores de impacto y reconocimiento del contexto social que motiva la instalación de sistemas de vigilancia vecinal. Guillermo Rivera Millán, director del despacho De la Peña y Rivera S.C. y fundador de Justicia que Transforma México A.C., señaló que la iniciativa no distingue entre vigilancia criminal y comunitaria, lo que podría derivar en la criminalización de prácticas legítimas de autoprotección ciudadana. “En ausencia de patrullaje efectivo, muchas colonias han optado por instalar cámaras para protegerse. Sin un marco claro, la reforma genera ambigüedad jurídica y abre la puerta a interpretaciones arbitrarias”, advirtió. Rivera Millán también criticó que la propuesta omite información sobre el uso de menores en redes de vigilancia ilícita, a pesar de que su participación ha sido documentada en diversos contextos. Además, no contempla mecanismos de control institucional ni medidas de depuración para funcionarios públicos que pudieran estar involucrados en esquemas de vigilancia paralela. La proliferación de casetas, cableado y cámaras en fraccionamientos y colonias abiertas ha evidenciado un vacío normativo. “Los reglamentos municipales varían entre los siete municipios del estado, sin una política estatal que armonice criterios. Aunque la iniciativa excluye sistemas en propiedad privada, el problema surge cuando estos dispositivos apuntan hacia la vía pública sin regulación clara”, explicó. Rivera Millán subrayó que miles de ciudadanos han construido redes de autoprotección que, por su alcance territorial, superan incluso a las capacidades institucionales. Sin una vía legal que reconozca y regule estas prácticas, el riesgo de criminalización persiste, a pesar de su origen legítimo. (Martín Higuera)