Académicos de universidades extranjeras manifestaron su repudio contra la acción legal emprendida por la Fiscalía General de la República (FGR) contra 31 científicos del Foro Consultivo Científico y Tecnológico (FCCyT), quienes son señalados por presunta corrupción. En un comunicado, los académicos que firmaron la misiva calificaron esta acción de la FGR como un acto de intimidación contra los 31 científicos mexicanos, además, aplaudieron la decisión del Poder Judicial de no librar las órdenes de aprehensión contra los señalados. Aplaudimos la valentía e independencia judicial de los y las juezas mexicanas que han resistido hasta ahora presiones políticas para aceptar una orden de aprehensión basada en argumentos legales dudosos. Condenamos cualquier esfuerzo por crear un clima de intimidación hacia personas dedicadas al quehacer científico”, se lee en el documento. Los académicos internacionales confiaron en que el estado de derecho y el debido proceso se privilegie en este caso. “Confiamos en que se mantendrán las salvaguardias democráticas en México para garantizar un debate público abierto y continuo; y que se privilegiará el estado de derecho y un debido proceso legal, como la mejor manera de conciliar la protección de la libertad académica y la vigilancia del uso de fondos públicos con fines científicos”, argumentaron. Entre los firmantes se encuentran los directores de los Centros de Estudios Latinoamericanos de Stanford, Columbia y Harvard, así como investigadores de universidades de la talla de Princeton, Yale, Universidad de Chicago, Georgetown y el Instituto GIGA de Estudios Latinoamericanos, que se encuentra en Alemania, La FGR investiga la posible malversación de fondos por parte de académicos del del Foro Consultivo Científico y Tecnológico (FCCyT). La solicitud obedecería a una denuncia presentada presuntamente por la directora del Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología (Conacyt), María Elena Álvarez-Buylla, La titular del Conacyt envió la semana pasada dos informes al presidente Andrés Manuel López Obrador en los que relató que 31 funcionarios están siendo acusadas de haber gastado presuntamente 561 millones de pesos de dinero público de manera injustificada. “Entre los gastos de operación había facturas de chóferes, celulares (teléfonos móviles), servicios de bocadillos, salarios e impuestos de alrededor de 40 personas, comidas en restaurantes de lujo y viajes al extranjero”, indicó el documento de Álvarez-Buylla. Un juez rechazó otorgar las órdenes de aprehensión contra los 31 científicos por la FGR, quienes fueron señalados por peculado, lavado de dinero, delincuencia organizada y uso ilícito de obligaciones y facultades. En entrevista con Joaquín López-Dóriga, Alfredo Higuera, fiscal especializado en la investigación de Delincuencia Organizada de FGR, está haciendo una revaloración en la tipificación de los delitos.