Extorsión, amenazas de secuestro y reclutamiento forzado de menores provocan que miles de personas abandonen sus hogares en América Latina, indicó la iniciativa ProLAC en su más reciente informe. Este fenómeno representa el 70% de los desplazamientos internos registrados en Ecuador, Guatemala, Honduras y México, según el análisis encabezado por el Consejo Noruego para los Refugiados (NRC) y el Consejo Danés para los Refugiados (DRC). Datos proporcionados por ProLAC describen un panorama crítico, donde la violencia criminal opera en zonas sin presencia efectiva del Estado. Las organizaciones documentaron casos donde menores fueron forzados a integrarse a grupos armados, situación que expone a sus familias a riesgos letales. Además, muchas víctimas no denuncian por temor o desconfianza hacia las autoridades de sus países. Stine Paus, directora regional del NRC en América Latina, afirmó: "Las familias que huyen se vuelven cada vez más invisibles". Destacó que estos desplazamientos ocurren en un contexto de desprotección jurídica, lo cual incrementa la vulnerabilidad de las personas afectadas. ProLAC sostiene que este tipo de violencia constituye una consecuencia "generalizada y sistémica", sin respuesta adecuada por parte del sistema judicial. El informe advierte sobre la carencia de marcos normativos eficaces para garantizar asistencia, justicia o soluciones duraderas. Un tercio de los encuestados reconoció no haber presentado denuncias formales. El documento atribuye esta situación a la falta de confianza institucional y al miedo a represalias. Esa invisibilidad jurídica dificulta el acceso a programas de ayuda humanitaria o mecanismos de reparación. Yann Cornic, director regional de operaciones del DRC, declaró: "Este vacío legal tiene consecuencias reales", y explicó que limita el acceso a asistencia y justicia. Llamó a los gobiernos a adoptar medidas legislativas concretas, ya que sin voluntad política, los esfuerzos sociales resultan insuficientes. De acuerdo con ProLAC, las respuestas legales varían entre los países analizados. Honduras cuenta con una ley desde 2022, aunque carece de reglamentación y financiamiento adecuado. En México, solo algunos estados tienen normativas específicas. Guatemala no ha avanzado en este campo y Ecuador no posee legislación relacionada con desplazamiento interno. El informe concluye con una exhortación dirigida a los gobiernos de la región. Las ONG firmantes solicitan el reconocimiento formal de esta crisis humanitaria, lo cual permitiría implementar políticas públicas centradas en la protección de las personas desplazadas.