Caracas, Venezuela, enero 3.- La fiscal general de Estados Unidos, Pam Bondi, hizo pública este sábado la acusación en el caso del presidente venezolano, Nicolás Maduro, y su esposa, Cilia Flores, que fueron capturados por las fuerzas estadounidenses durante la madrugada Un gran jurado federal del Distrito Sur de Nueva York sostiene, en una acusación bajo sello (caso S4 11 Cr. 205), que Nicolás Maduro Moros y otros altos funcionarios venezolanos habrían usado el aparato del Estado durante décadas para facilitar el envío de cocaína a Estados Unidos, en alianza con organizaciones criminales y grupos armados en la región. El documento incluye como acusados a Diosdado Cabello Rondón, Ramón Rodríguez Chacín, Cilia Adela Flores de Maduro, Nicolás Ernesto Maduro Guerra (“Nicolasito”) y a Héctor Rusthenford Guerrero Flores (“Niño Guerrero”), identificado como líder del Tren de Aragua. La acusación describe una presunta red de corrupción y protección institucional —que el escrito vincula con el Cartel de Los Soles— y coloca a México como pieza de la logística: señala, por ejemplo, que entre 2006 y 2008, cuando Maduro fue canciller, habría facilitado cobertura diplomática y el uso de pasaportes diplomáticos para apoyar el movimiento de recursos del narcotráfico desde México hacia Venezuela, incluyendo avisos a la embajada venezolana en México para recibir vuelos privados bajo el paraguas de “misiones diplomáticas”. Entre los “actos” citados, el documento también afirma que Cilia Flores habría participado en 2007 en una reunión donde se aceptaron sobornos para gestionar un encuentro con el entonces titular de la Oficina Antidrogas venezolana, y que se pactaron pagos para asegurar el “paso seguro” de vuelos con cocaína. En otro pasaje, la acusación menciona el envío de más de 5.5 toneladas de cocaína en un jet DC-9 de Venezuela a México, y que el cargamento fue asegurado por autoridades mexicanas al aterrizar en Ciudad del Carmen, Campeche. En el apartado de cargos, la fiscalía plantea un “narco-terrorism conspiracy” (conspiración de narcoterrorismo) con ventana temporal de 1999 a 2025 y, además, una conspiración para importar cocaína a Estados Unidos en la que incluye a los seis nombres mencionados. El documento agrega cargos por uso/posesión de ametralladoras y “destructive devices” en relación con delitos de narcotráfico. La acusación encuadra la presunta operación como una asociación con organizaciones que identifica como FTO (Foreign Terrorist Organizations) “durante periodos relevantes” del caso, incluyendo FARC/derivaciones, ELN, Tren de Aragua, Cártel de Sinaloa y Zetas/CDN, entre otras. También describe la cadena logística de la cocaína hacia Estados Unidos con puntos de trasbordo en el Caribe y Centroamérica, y menciona que la corrupción se extendía a escalones políticos en rutas que incluyen Honduras, Guatemala y México. Imagen: La Voz de América.