Londres, Inglaterra, mayo 30.- “Las ejecuciones aumentaron hasta alcanzar en 2023 la cifra más alta en casi un decenio con una fuerte subida en Oriente Medio”, declaró hoy Amnistía Internacional con motivo de la publicación de su informe anual sobre el uso de la pena de muerte en el mundo. En 2023 se llevaron a cabo un total de 1.153 ejecuciones —cifra que no incluye los miles que se cree que se realizaron en China—, lo que representa un aumento de más del 30% en relación con 2022. Esta es la cifra más alta documentada por Amnistía Internacional desde 2015, cuando se conoció la ejecución de 1.634 personas. Pese a este aumento, el número de países que llevaron a cabo ejecuciones fue el más bajo registrado por Amnistía Internacional. “El gigantesco repunte de las ejecuciones documentadas se debió principalmente a Irán. Las autoridades de este país mostraron un total desprecio por la vida humana y aumentaron las ejecuciones por delitos de drogas, lo que puso aún más de relieve el impacto discriminatorio de la pena de muerte en las comunidades más marginadas y empobrecidas de Irán”, declaró Agnès Callamard, secretaria general de Amnistía Internacional. “Pese a los retrocesos que hemos visto este año, sobre todo en Oriente Medio, los países que siguen llevando a cabo ejecuciones están cada vez más aislados. Nuestra campaña contra este aberrante castigo funciona. Seguiremos hasta que hayamos acabado con la pena de muerte.” Los cinco países que llevaron a cabo el mayor número de ejecuciones en 2023 fueron Arabia Saudí, China, Estados Unidos, Irán y Somalia. Irán, por sí solo, fue responsable del 74% de todas las ejecuciones registradas; y Arabia Saudí, del 15%. Somalia y Estados Unidos llevaron a cabo más ejecuciones en 2023. El número de condenas a muerte impuestas en todo el mundo en 2023 aumentó un 20%, elevando el total a 2.428. A pesar de los retrocesos, continuaron los avances A pesar de la actuación de una minoría, continuaron los avances. En la actualidad, 112 países son totalmente abolicionistas y 144 han abolido la pena de muerte en la ley o en la práctica. Se documentaron ejecuciones en 16 países, el número más bajo registrado por Amnistía Internacional. No se registraron ejecuciones en Bielorrusia, Japón, Myanmar y Sudán del Sur, países que sí habían llevado a cabo ejecuciones en 2022. En Asia, Pakistán derogó la pena de muerte para delitos de drogas y Malasia abolió la pena de muerte preceptiva. Las autoridades de Sri Lanka confirmaron que el presidente no tenía la intención de firmar órdenes de ejecución, lo que disminuyó la preocupación de que se reanudaran las ejecuciones. Aunque ningún país abolió la pena de muerte en el África subsahariana, seguían tramitándose proyectos de ley para abolirla en Kenia, Liberia y Zimbabue. En Ghana, el Parlamento votó a favor de dos proyectos de ley que eliminaban la pena de muerte de la legislación vigente, aunque, al concluir 2023, no se habían convertido aún en ley. “La discriminación y la arbitrariedad inherentes que caracterizan el uso de la pena de muerte sólo han agravado las violaciones de derechos humanos de nuestros sistemas de justicia penal. La pequeña minoría de países que insisten en este uso debe evolucionar con los tiempos y abolir este castigo de una vez por todas”, concluyó Agnès Callamard. “La pena de muerte será sometida de nuevo a examen en la Asamblea General de la ONU de este año. Amnistía Internacional insta a todos los gobiernos a que apoyen el llamamiento de la ONU para poner fin al uso de la pena de muerte en una demostración vital de compromiso con los derechos humanos.”