Ciudad de México, abril 13.- El Senado de la República aprobó este martes en lo general la creación de un Padrón Nacional de Usuarios de Telefonía Móvil el cual tendrá acceso a los datos biométricos de sus propietarios. Con ello, las personas deberán otorgar de manera obligatoria su número de identificación oficial y sus datos biométricos, los cuales incluyen la huella dactilar, iris de los ojos, facciones del rostro, tono de voz y firma. La iniciativa de reforma a la Ley Federal de Telecomunicaciones y Radiodifusión fue aprobada con 54 votos a favor, 49 en contra y 10 abstenciones; los legisladores discutirán las reservas. El objetivo de esta iniciativa, argumentaron, es reducir los delitos como llamadas de extorsión, secuestros, fraude entre otros que se cometen con teléfonos prácticamente desechables y que dejan ganancias a la delincuencia organizada por cerca de 12 mil millones de pesos anuales. El dictamen precisa que los usuarios de telefonía móvil, ya sea de prepago o pospago, tendrán dos años para registrar sus dispositivos móviles en el padrón a través de los concesionarios. En ese sentido, al momento de adquirir una tarjeta SIM o activar una línea telefónica en la modalidad prepago, los usuarios tendrán que presentar una identificación, comprobante de domicilio y un método de identificación biométrica, que podría ser una fotografía, con lo que se estará dando más poder de control al gobierno sobre los ciudadanos y crecerán la base de datos de las telefónicas que por su lado e ilegalmente, la comercializan. Se amenaza con que de no hacer este procedimiento, de acuerdo con la iniciativa, será motivo de la cancelación definitiva de la línea telefónica, en un plazo de 30 días y una multa de 89 mil 692 pesos. Oposición alerta sobre la creación de una herramienta autoritaria Las bancadas de oposición enfatizó que el gobierno de Andrés Manel López Obrador no puede atacar a la delincuencia mediante esta vía; al mismo tiempo indicó que la intención de este proyecto es ‘buena‘, aunque señalaron que ello conlleva el riesgo de crear una herramienta inconstitucional y autoritaria para usarla en contra de los ciudadanos. Por ello, anunciaron que agotarán todas las instancias legales, incluso, hasta llegar a la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) para evitar que se obtengan los datos biométricos de los ciudadanos con acceso a servicio celular.