Ciudad de México, julio 3.- Cada semana en su conferencia matutina, Andrés Manuel López Obrador, presenta algunos artículos noticiosos que según él son injustos. Es semejante a otros segmentos, como “¿Quién es quién en el precio de la gasolina?”, con el que pretende avergonzar a las gasolineras que cobran precios elevados. Organizaciones defensoras de los derechos humanos y de prensa criticaron la nueva sección, llamada “¿Quién es quién en las mentiras?“. Los autores de los artículos noticiosos y columnas de opinión son singularizados por López Obrador, que habla más con la prensa que casi cualquiera de sus predecesores, pero también es más abiertamente hostil hacia ciertos periodistas. Los simpatizantes del presidente suelen lanzar ataques masivos en las redes sociales contra los reporteros a los que critica. La Sociedad Interamericana de Prensa dice que esa práctica estigmatiza e intimida a los periodistas en un país en el que ya hay un elevado nivel de violencia contra ellos. En un comunicado, la SIP pidió “el cese inmediato de este tipo de agresiones”. Carlos Jornet, presidente de la Comisión de Libertad de Prensa e Información de la SIP, escribió que “en el caso de México, uno de los países de mayor riesgo para el ejercicio del periodismo, resulta doblemente peligroso el discurso directo de la Presidencia con insultos contra periodistas y medios, un tipo de agresiones que, como lo indica la experiencia, suelen degenerar en hechos de violencia”. Pedro Vaca, relator especial para la libertad de expresión de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), pidió este jueves al gobierno mexicano reconsiderar el espacio “Quién es quién en las mentiras”, pues “puede estar afectando las garantías para un debate libre e informado del señalamiento público”. El debate “no puede trazarse bajo la culpabilidad de reprender y tiene que ser más abierto en términos de libertad expresión y democracia», dijo. En este contexto, Artículo 19 México y Centroamérica, junto con 19 organizaciones más, solicitaron al Estado mexicano de los tres niveles de gobierno, en un pliego petitorio, cesar las narrativas, declaraciones estigmatizantes y el acoso judicial que ubican en una posición de mayor riesgo y vulnerabilidad a la prensa y a las personas defensoras de derechos humanos.