Ciudad de México, octubre 12.- Si usted tiene una cuenta bancaria, sea de ahorros, de cheques o de cualquier tipo que no haya tenido movimientos en los últimos seis años, córrale a sacar el dinero porque anoche la Cámara de Diputados aprobó una virtual “expropiación” de los ahorros y dineros que haya en cuentas que estén en esas condiciones en los bancos para que los recursos pasen al erario federal y se utilicen “para fortalecer a las policías municipales y estatales”. Con el argumento de que son “cuentas abandonadas”, la mayoría de Morena y sus aliados votaron a favor de que la administración federal se quede con el dinero de esas cuentas, aun cuando sus titulares hayan designado beneficiarios. Con ello se armaría una especie de “Corrralito” a la mexicana que les van a imponer a los bancos y a los ahorradores. Aunque la iniciativa aún tiene que ser aprobada en el Senado, se prevé que esto se haga, como ayer en San Lázaro, vía fast track y que en unos cuantos días la nueva ley se publique en el Diario Oficial de la Federación para que surta efectos legales de inmediato. El acuerdo de la Cámara de Diputados aprobó una reforma al artículo 61 de la Ley de Instituciones de Crédito, a fin de que los recursos abandonados en instituciones bancarias se destinen a seguridad pública. Especifica que los recursos, así como los intereses y rendimientos acumulados, generados por todos los depósitos e inversiones en la cuenta global con excepción de aquellos previamente destinados a la beneficencia pública, prescribirán en favor de la seguridad pública y se deberán destinar para las políticas y acciones de combate a la delincuencia en los porcentajes que para tal efecto se establezcan. También, menciona que los depósitos e inversiones y sus intereses, sin movimiento en el transcurso de tres años contados a partir de que estos últimos se depositen en la cuenta global, cuyo importe no exceda por cuenta, al equivalente a 540 Unidades de Medida y Actualización en la Ciudad de México, prescribirán en favor del patrimonio de la beneficencia pública; la ley vigente establece 300 días de salario mínimo general. Las instituciones estarán obligadas a enterar los recursos correspondientes tanto a la beneficencia pública como a la dependencia responsable de la seguridad pública, dentro de un plazo máximo de quince días contados a partir del 31 de diciembre del año en que se cumpla el supuesto previsto en este párrafo. El documento fue avalado en lo general, con 483 votos a favor, cero en contra y una abstención y, en lo particular, con 366 votos a favor, 102 en contra y cero abstenciones. En los transitorios, menciona que a efecto de disponer de los recursos que prescriben en favor de la seguridad pública, estos serán considerados como excedentes en términos del artículo 19 de la Ley de Ingresos de la Federación. Además, el Sistema Nacional de Seguridad Pública, a través de su Consejo Nacional, deberá instrumentar los mecanismos de coordinación, así como los convenios y acuerdos idóneos, con las instituciones que conforman el sistema bancario, así como con sus órganos reguladores, a fin de estar en posibilidades de realizar el traslado de los recursos financieros a que se hace referencia en el párrafo quinto del artículo 61 del presente Decreto, para el año 2022, en un plazo que no exceda los 180 días a partir de la entrada en vigor del presente y sean integrados al presupuesto de la dependencia responsable de la seguridad pública. El Sistema Nacional de Seguridad Pública deberá establecer de manera anual los mecanismos de distribución de los recursos, atendiendo las necesidades y prioridades establecidas en los correspondientes instrumentos, así como en la legislación correspondiente, el cual deberá establecer un porcentaje de 50 por ciento para la Federación, un 30 por ciento para las entidades federativas y un 20 por ciento para los municipios del país y alcaldías de la Ciudad de México. Subraya que los recursos financieros a los que se hace referencia en el presente decreto, al formar parte del presupuesto, serán objeto de fiscalización y revisión de la Cuenta Pública en términos de la legislación aplicable. La realidad es que los fondos para fortalecer a policías de los estados y municipios, que se comprometen en la reciente reforma constitucional al artículo 5to. Transitorio, en vez de ser sacados de los impuestos y del presupuesto federal, quieren sacarlo de los ahorradores porque este gobierno ya se acabó prácticamente todos los fondos de contingencia, fideicomisos y hasta el presupuesto regular en las obras cada vez más costosas del presidente, como Dos Bocas, que ya casi llega a los 18 mil millones de dólares de costo, casi el doble de los 8 mil millones iniciales, además de que los programas sociales, autodemandantes, cada vez absorben más dinero corriente del gobierno. Así que si usted tiene una cuenta que dejó olvidada corra a moverla.