Londres, Inglaterra, septiembre 9 (The Economist).-Una economía emergente pujante con 126 millones de habitantes, una frontera de 3.140 kilómetros con Estados Unidos y poderosas bandas criminales siempre iban a significar un montón de trabajo para Claudia Sheinbaum, la primera presidenta de México, que tomará posesión el 1 de octubre. Pero el presidente Andrés Manuel López Obrador, su mentor, está haciendo que la situación sea aún más desalentadora. En su último mes en el poder, está impulsando una serie de cambios constitucionales que transformarán profundamente a México para peor. Entre ellas, la principal es la reforma del poder judicial federal (PJF). La Cámara Baja, en la que la coalición gobernante tiene ahora una mayoría de dos tercios, la aprobó el 4 de septiembre. La oposición fue tan feroz que los manifestantes impidieron a los legisladores entrar al Congreso, por lo que comenzaron a votar en un gimnasio cercano. La Cámara Alta, en la que a la coalición le falta sólo un voto para una supermayoría, podría aprobarla también pronto. La reforma abre el poder judicial a la influencia política, criminal y corrupta al considerar que los jueces federales -incluidos los de la Corte Suprema y los tribunales electorales- deben ser elegidos pronto por voto popular, reemplazando un sistema profesional de exámenes y nominaciones. También se elegirían los miembros de un nuevo tribunal disciplinario con poder para castigar a los jueces, arruinando una idea potencialmente buena. Otras reformas empujarán a México aún más hacia el autoritarismo, algo para lo cual el apoyo ha aumentado de manera alarmante bajo el gobierno de López Obrador. Su próxima prioridad es poner a la Guardia Nacional, que creó para reemplazar a la policía federal, bajo el control del ejército. Eso militarizaría aún más la respuesta de México a la delincuencia, reduciría la transparencia y potencialmente obstaculizaría la cooperación en materia de seguridad con Estados Unidos. Otras enmiendas que ha redactado, pero que tal vez no tenga tiempo de aprobarse plenamente como ley, eliminan los organismos autónomos, incluida la agencia de libertad de información y el regulador de energía; y hacen que los comisionados del organismo electoral estén sujetos a elecciones. Una última tanda de medidas afecta a la economía y a las empresas. Consagra generosas ayudas económicas y prohíbe a la empresa eléctrica estatal asociarse con empresas privadas en la transmisión y distribución. También prohíbe el fracking, la minería a cielo abierto y las importaciones de maíz modificado genéticamente. Pero ¿qué pasa con Sheinbaum, que ha aceptado tardíamente las reformas? Está en una posición incómoda. Tiene credenciales impresionantes, pero le debe mucho a López Obrador. Él la eligió como su sucesora y utilizó a su base política para lograr que fuera elegida. Por eso, ahora se muestra reacia a ir en su contra (y puede que siga siendo así hasta la mitad de su mandato de seis años, cuando se realizará un referendo sobre si debe terminarlo o no (otro obstáculo dejado por su mentor). Puede que ni siquiera quiera desafiarlo: celebró el progreso de la reforma judicial tuiteando “más democracia, más justicia, más libertad”. Sin embargo, muchos ven destellos de esperanza. Según se informa, Sheinbaum está preocupada por algunas de las reformas: un plan para elegir a los miembros de la comisión electoral puede estar en segundo plano a pedido suyo. En su época como alcaldesa de Ciudad de México, fue más pragmática y tecnocrática que el presidente, y menos incendiaria. Muchas de las personas que ha nombrado para su gabinete están bien calificadas. Eso genera esperanzas de que pueda cambiar las instituciones que lo necesitan, como el poder judicial y muchos organismos autónomos, pero de maneras que aborden sus problemas reales y no amenacen la democracia mexicana, ganada con tanto esfuerzo. Y podría hacer más para estimular el crecimiento económico, que ha sido débil bajo el gobierno de López Obrador. El 1 de octubre empezará a quedar claro si esas esperanzas depositadas en Sheinbaum están justificadas. Una prueba temprana será lo que haga con las reformas constitucionales que López Obrador le encomiende aprobar, así como su enfoque de la legislación secundaria para las que tenga que implementar, que podría moderar. Muchos esperan ver pronto una cooperación mucho mejor en materia de seguridad con Estados Unidos. Por ahora, Sheinbaum parece centrada en consolidar su poder en su partido, lo cual es sensato. Muchos funcionarios son leales a López Obrador; esto no cambiará sólo porque ella se haya puesto la banda presidencial. Mantener unida a la coalición y al partido será difícil. Imagen tomada de redes de El Norte de Monterrey.