Ciudad de México, diciembre 14.- La Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) suspendió de manera parcial la aplicación del llamado "decretazo" presidencial que clasifica como de seguridad nacional e interés público los proyectos y obras del gobierno federal. Un ministro rechazó clasificar como reservada, por razones de seguridad nacional, la información pública de los proyectos y obras de la administración de Andrés Manuel López Obrador, entre las que se encuentran el Tren Maya o el Aeropuerto Felipe Ángeles. Esta suspensión se concedió en el momento en que el máximo tribunal del país admitió a trámite la controversia constitucional promovida por el Instituto Nacional de Acceso a la Información (INAI) contra el acuerdo presidencial. Es procedente la suspensión para que se suspendan todos los efectos y las consecuencias del acuerdo impugnado que deriven en catalogar la información detallada en este como de interés público y/o seguridad nacional, sin cumplir con los supuestos que las leyes respectivas prevén para ese efecto”, señala la determinación del ministro. El ministro rechazó además la suspensión respecto a considerar como de seguridad nacional los proyectos para efectos de que todas las dependencias de la administración pública otorguen los dictámenes, permisos y licencias necesarias para su realización. Al ser una medida cautelar, la suspensión estará vigente hasta que la Suprema Corte determine si el acuerdo es inconstitucional. Las solicitudes de trasparencia contempladas por la ley corrían el riesgo de quedarse en papel mojado, ya que la Constitución establece que la información en posesión de las autoridades federales y locales “sólo podrá ser reservada temporalmente por razones de interés público y seguridad nacional”. La Corte ha considerado procedente conceder al INAI la suspensión del primer apartado del decreto al rechazar “los efectos y las consecuencias” que deriven del blindaje de esa información. La avalancha de críticas que enseguida recibió la decisión del presidente tenían precisamente que ver con las limitaciones a la transparencia. Este, sin embargo defendió el acuerdo al asegurar que en las Secretarías públicas “todos están obligados a rendir cuentas”. Justificó la medida como instrumento para “agilizar los trámites burocráticos”, evitar amparos y trabas administrativas en la realización de esas obras. López insistió en que el decreto publicado por sorpresa en el Diario Oficial de la Federación no tenía el propósito de reservar la información de los proyectos. Imagen: LatinUS