Ciudad de México, junio 5.- Las reformas en materia de seguridad e identificación impulsadas por el gobierno mexicano podrían sentar las bases para un sistema de vigilancia masiva sin precedentes en el país, advirtió la Red en Defensa de los Derechos Digitales. Durante una transmisión en redes sociales, R3D aseguró que la combinación del registro de líneas telefónicas, la CURP con datos biométricos y la interconexión de bases de datos públicas y privadas representa una amenaza grave para los derechos humanos, la privacidad y el acceso a servicios públicos. Aunque Claudia Sheinbaum desestimó las preocupaciones calificándolas como “exageraciones”, la organización expuso que el registro obligatorio de líneas telefónicas vinculado a la CURP, y esta última asociada a datos biométricos, habilita una estructura de control y seguimiento sistemático de la población. La nueva CURP, advirtió Pietrasanta, se convertiría en un documento obligatorio que incluiría huellas dactilares y fotografías. Su uso se exigiría para acceder a cualquier trámite público o privado, desde servicios médicos hasta la compra de productos cotidianos. Además, esta CURP alimentaría una plataforma de identidad digital que permitiría el rastreo en tiempo real de los movimientos de las personas. Interconexión de bases de datos Uno de los puntos críticos de la legislación propuesta por el Ejecutivo es la creación de un Sistema Nacional de Información e Inteligencia que ordena la interconexión de bases de datos de entidades públicas y privadas. Según R3D, la ley facultaría a las autoridades a solicitar datos sin necesidad de orden judicial ni mecanismos de transparencia. “No se trata solo de recabar datos, sino de cruzarlos, fusionarlos y generar perfiles de toda la población”, alertó Pepe Flores, director de Comunicación de R3D. Entre los datos a integrarse se encuentran registros vehiculares, fiscales, comerciales, inmobiliarios, telefónicos y, por supuesto, biométricos. La amplitud de esta facultad permite incluir “todos aquellos que puedan extraer indicios para investigación”, sin especificar si se trata de investigaciones penales ni establecer salvaguardas que impidan su uso indebido. El ejército y los datos sensibles Otra preocupación de R3D es la participación directa de la Secretaría de la Defensa Nacional (Sedena) en este esquema. Ana Gaitán, abogada de la red, recordó que la Sedena fue la primera compradora del software espía Pegasus y ha sido señalada por su papel en violaciones graves de derechos humanos.

Asimismo, en un comunicado señaló lo siguiente: Sheinbaum intentó minimizar las críticas al indicar que no serían requeridas las huellas dactilares ni datos biométricos, sino únicamente la CURP. Esta declaración es engañosa, ya que las iniciativas de reforma a la Ley General de Población y a la Ley General en materia de Desaparición Forzada contempla la creación de una CURP asociada a datos biométricos, así como una Plataforma Única de Identidad que permitirá el cruce de múltiples bases de datos, privadas y públicas, incluida la generada con motivo del Registro de Usuarios de Telefonía Móvil. Respecto del acceso a los datos del registro, la presidenta mencionó que la Ley de Seguridad estipula “quién puede y cómo se puede utilizar esa información, exclusivamente frente a una investigación de un delito, coordinada por la Fiscalía General de la República”. No obstante, de acuerdo con la iniciativa de la propia Ley de Seguridad, las autoridades federales, estatales, e incluso municipales tendrían acceso al Registro sin salvaguardas adecuadas, como un control judicial previo y una supervisión independiente de una autoridad de protección de datos autónoma –tras la desaparición del INAI–, así como sin prever el derecho de notificación a las personas afectadas. Además, esto implicaría la obligación de las empresas de telecomunicaciones a dar acceso a los datos resguardados en el Registro. Las declaraciones de Sheinbaum repiten los fallidos argumentos con los que se promovió el Padrón Nacional de Usuarios de Telefonía Móvil (PANAUT), declarado inconstitucional en 2022 por la Suprema Corte de Justicia de la Nación. Además, refrenda que la inclusión del registro en la Ley de Telecomunicaciones responde a la intención de construir una infraestructura tecnológica autoritaria que otorga poderes sin control a la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana (SSPC). Desde R3D: Red en Defensa de los Derechos Digitales, hacemos un llamado a eliminar cualquier mención en la Ley de Telecomunicaciones de un registro que ya ha sido declarado inconstitucional y que representa ataques graves a los derechos de todas nosotras, así como a frenar la creación de un sistema de vigilancia masiva que fácilmente puede ser abusado para profundizar aún más la actual crisis de seguridad. Por tanto, pedimos a los legisladores, así como al Poder Ejecutivo, abrirse al diálogo –como han hecho en las últimas semanas– para reconsiderar estas medidas con base en evidencia técnica, de manera responsable y sin premura.