Por Gerardo Carrasco El día de ayer, con motivo de un juicio de amparo impulsado por Mexicanos contra la Corrupción y la Impunidad (MCCI), un Juzgado de Distrito en Materia Administrativa en la Ciudad de México otorgó una suspensión definitiva en favor de médicos privados que no son considerados de “primera línea” de control de COVID-19. El Juez consideró que el personal de salud pertenece a un grupo de mayor riesgo. Incluso, toma en consideración que la Organización Panamericana de la Salud, en la priorización de la vacunación, indica que la totalidad del personal de salud debe ser el primer grupo en ser inmunizado, con independencia de si se pertenece al sector público, al privado o si se atiende en “primera línea” o se da cualquier otro tipo de atención médica. Recordemos que el pasado 9 de abril en conferencia mañanera, el Presidente de la República sostuvo que el personal médico y de enfermería del sector privado será vacunado hasta que les toque por edad, sin tomar en consideración la exposición que tienen al virus SARS-CoV2 en la atención de cualquier paciente, no solo de personas enfermas de COVID-19. En esa misma fecha, en una reunión con las secretarías de Gobernación y Salud, representantes de personal de salud del sector privado fueron rechazados, al negárseles una fecha específica para que los trabajadores sean inmunizados. La suspensión obtenida es un precedente relevante, pues abre la puerta para que el personal de salud del sector privado que aún no ha sido atendido reciba la vacuna de inmediato, en lugar de que tenga que esperar a que les toque por edad. En MCCI se continuará tejiendo alianzas con despachos jurídicos que estén dispuestos a apoyar por la vía judicial al personal de salud y a otros grupos vulnerables en la protección y preservación de sus derechos humanos.