El caso de Ayotzinapa es un ejemplo típico de los problemas de orden público en México. En septiembre de 2014, en una localidad cercana a la Ciudad de México, 43 maestros en prácticas fueron secuestrados y asesinados, con la participación de las fuerzas de seguridad del gobierno. Sin embargo, una década después, el presidente Andrés Manuel López Obrador, que en su día prometió resolver el caso, ha aprovechado su último mes en el poder para impulsar una reforma constitucional que militarizará por completo las fuerzas federales. Es un mal augurio tanto para la seguridad pública como para la democracia, difundió el semanario The Economist. El 25 de septiembre, la cámara alta del Congreso de México votó a favor de trasladar la responsabilidad de la Guardia Nacional de la Secretaría de Seguridad Pública a la Secretaría de Defensa, un cambio que la Suprema Corte declaró inconstitucional en 2023 cuando López Obrador intentó hacerlo mediante leyes secundarias. La reforma codifica la situación. Aunque la Guardia Nacional estaba constitucionalmente bajo control civil, en la práctica ha tenido mando y disciplina militares. Alrededor del 80% de sus aproximadamente 120,000 miembros son soldados. Los presidentes mexicanos llevan mucho tiempo involucrando a las fuerzas armadas en la seguridad pública, especialmente desde 2006 con la “guerra contra las drogas” de Felipe Calderón. En gran parte eso se debe a que el país carece de una fuerza policial civil bien entrenada. Pero López Obrador ha ido más allá. Comenzó por desmantelar la policía federal, a la que consideraba corrupta, y en 2019 creó la Guardia Nacional. De hecho, ex comandantes de la policía federal han sido acusados ​​de delitos, pero la Guardia Nacional tampoco está libre de defectos. La eliminación de la policía federal fue un “grave revés”, dice un ex secretario de seguridad pública. Casi el 80% de los mexicanos están satisfechos con el desempeño de la Guardia Nacional. Pero no hay motivos para pensar que la militarización de la seguridad reducirá el arraigado problema de la delincuencia en el país, que ve a unas 30,000 personas asesinadas cada año y los grupos criminales controlan alrededor de un tercio del territorio mexicano. Aunque la reforma de López Obrador fortalece los poderes de la fuerza para investigar, incluso un líder de la Guardia Nacional se preocupa por su falta de herramientas y capacitación para el trabajo policial. En 2018, la policía federal arrestó a 21,702 personas; en 2022, la Guardia Nacional arrestó solo a 2,814. De hecho, López Obrador, que entregará el poder a Claudia Sheinbaum el 1 de octubre, ha presidido el sexenio más sangriento de México hasta la fecha. La militarización de la Guardia Nacional complica la vida de Sheinbaum, quien ha dicho que quiere replicar a nivel nacional lo que hizo para mejorar la seguridad como alcaldesa de Ciudad de México: profesionalizar a la policía, aumentar sus salarios y reforzar sus capacidades de inteligencia e investigación. Entregar la Guardia Nacional a las fuerzas armadas reduce la supervisión civil, alterando el equilibrio de poder. Además de potenciar el papel de los soldados en la seguridad pública, el presidente les ha otorgado una serie de funciones civiles, como la gestión de aeropuertos, muchas de las cuales se pagan en efectivo. En un país que nunca ha experimentado un golpe militar, en una región que los ha sufrido con frecuencia, eso es peligroso.