Conseguir los votos que necesitaba Morena para aprobar la reforma judicial de Andrés Manuel López Obrador en el Senado implicó, primero, una operación política quirúrgica con legisladores de la oposición, un fino tejido de acuerdos, de dar y recibir; pero luego, para asegurar las lealtades comprometidas de palabra, el oficialismo pasó al uso de la fuerza bruta. En la oposición y entre las filas del oficialismo se alzaron cuestionamientos de qué tanto los políticos de Morena eran distintos de aquellos del pasado, del viejo régimen cuyas prácticas López Obrador y sus colaboradores prometían abandonar, de aquel PRI que doblegaba a la oposición a punta de chantaje y garrote. El artífice de que la reforma judicial se haya aprobado en el Senado con la colaboración de legisladores del PRD, del PAN y de MC es Adán Augusto López, el pragmático exsecretario de Gobernación hoy convertido en jefe de la bancada del partido en el Gobierno. Tres senadores y un dirigente de Morena, cercanos a las negociaciones, han confirmado a EL PAÍS que López negoció que el emecista Daniel Barreda faltase a la sesión del pasado martes para no votar y que el clan de los Yunes se uniese al oficialismo. Incluso, López avanzó negociaciones con el dirigente del PRI, el camaleónico Alejandro Alito Moreno, para que dos legisladores de su grupo también se ausentaran de la votación, pero este acuerdo se derrumbó de último momento. Varios legisladores pusieron manos a la obra para tender puentes con la oposición, pero Adán Augusto, como le conocen comúnmente, fue el gran negociador de los amarres que le dieron al oficialismo los 86 votos con que finalmente se aprobó la reforma. Los políticos consultados relatan por separado y bajo condición de anonimato que los apoyos del panista Miguel Ángel Yunes Márquez y del perredista José Sabino Herrera, así como la ausencia del emecista Daniel Barreda de la sesión del martes, son atribuibles a la operación política del exsecretario de Gobernación. Solo la adhesión de la perredista Araceli Saucedo la negoció el senador Alejandro Murat, exgobernador de Oaxaca. Adán Augusto y Alito se volvieron a encontrar en el Senado. La carta de las investigaciones de la Fiscalía volvió a ponerse sobre la mesa. Pero, esta vez, el dirigente priista no solo quería inmunidad, sino que elevó su precio. Pidió que el INE y el Tribunal Electoral respetaran la reforma a los Estatutos del PRI con las que Moreno aseguraba su reelección como dirigente de su partido por otros cuatro años. El negociador morenista acordó con Alito una ruta “digna” para apoyar la aprobación de la reforma judicial. Si bien Moreno no accedió a que sus senadores votasen a favor de la enmienda, sí permitiría que dos de ellos se ausentaran de la sesión, de acuerdo con las fuentes. Las ausencias beneficiaban a Morena porque, entre menos legisladores hubiese presentes, menor era el número de escaños necesarios para alcanzar la mayoría calificada. Con 85 integrantes, el oficialismo tenía suficiente para lograr su propósito. Pero Adán Augusto presionó de más, desconfiado de la palabra de honor del líder del PRI. En Campeche, donde gobierna la morenista Layda Sansores, se reactivó una vieja amenaza, utilizada en 2022 como recurso para doblar la voluntad de Alito Moreno: una investigación de la Fiscalía estatal contra su madre, señalada de fungir como testaferro para ocultar la riqueza patrimonial del senador priista. Alito puso en duda su apoyo al oficialismo, que también tenía mucho en juego de cara a López Obrador. Un error táctico de los morenistas y sus aliados terminó por dinamitar todos los puentes. Ese desplante puso sobre aviso a los coordinadores del PAN y MC, Marko Cortés y Clemente Castañeda, que miraron puertas adentro y comenzaron a cerrar filas, buscando evitar que de ellas emergiera el traidor. En el juego entró el empresario Claudio X. González, que tiene enorme influencia en Cortés. La contraofensiva consistió en agrupar a todos los senadores de la oposición, en el entendido de que, si los 43 legisladores del PAN, el PRI y MC se presentaban a la sesión y votaban en contra, la reforma, simplemente, no pasaría. El reagrupamiento del PAN, el PRI y MC tumbó los planes de Adán Augusto y redujo al extremo las posibilidades de conseguir el voto faltante, pero el exsecretario de Gobernación se puso con la ardua tarea. La moneda de cambio estaba servida. Yunes Linares, su esposa y sus dos hijos, Miguel y Fernando, están acorralados por la justicia federal y la de Veracruz por presuntos delitos que van del enriquecimiento ilícito y el blanqueo de capitales hasta el quebranto al erario y el fraude. Yunes padre sopesó el hecho de que la próxima gobernadora de Veracruz, la morenista Rocío Nahle, una de sus enemigas más feroces, no le daría tregua ni a él ni a su familia una vez que tomase el poder. Adán Augusto López ha cumplido con su labor, al costo que sea. Y no ha terminado de cobrar facturas. Como era de esperarse, el INE tiró por los suelos la reelección de Alito Moreno al frente del PRI el miércoles, un día después de la votación de la enmienda constitucional. El jueves, el exsecretario de Gobernación se reunió en privado en el Tribunal Electoral con los magistrados Mónica Soto, Felipe Fuentes y Felipe de la Mata, según han confirmado a EL PAÍS fuentes del órgano judicial. El Tribunal deberá confirmar, o no, la resolución del INE. El aún dirigente del PRI puede estar contando los días que le quedan como caudillo de su formación. (El País).