En México, el acceso a la atención médica se ha vuelto más precario con el debilitamiento del IMSS-Bienestar y los recortes a los recursos estatales para la atención a la salud. El gasto para las personas que carecen de seguridad social ha disminuido a niveles preocupantes. Una de las consecuencias es que, en nuestro país, la mortalidad evitable se mantiene entre las más altas de la OCDE. Los más afectados son, como siempre, quienes menos tienen. En el ámbito económico, el debilitamiento del federalismo fiscal ha erosionado la autonomía de los estados, lo que limita la capacidad de los gobiernos locales para atender las necesidades de su población y ampliando las desigualdades. ¿Los más afectados? Nuevamente, las personas en situación de pobreza. La inseguridad es otro factor crítico. La estrategia de seguridad sigue sin lograr cambios estructurales que contengan la expansión del crimen organizado. De nueva cuenta, es la población de menores ingresos la más afectada. Frente a este panorama, la pregunta sigue abierta: ¿hasta cuándo podrá sostenerse esta aparente contradicción entre la alta popularidad del gobierno y los crecientes signos de crisis? Si no se contiene el deterioro del Estado, eventualmente, la realidad económica y social va a erosionar el respaldo popular.