Ciudad de México, mayo 7.- Como parte de la distorsión, el presidente Andrés Manuel López Obrador recurre a la desinformación para atacar una vez más la labor de defensa de derechos humanos que realiza ésta y otras organizaciones de derechos humanos. Y, al mismo tiempo, guarda silencio por la espiral ascendente de violencia contra la prensa. En 2020, ARTICLE 19 documentó 692 agresiones contra la prensa, un incremento del 13.6% respecto al año anterior. El 49.5% fueron cometidas por agentes del Estado (funcionarios/as públicos/as, fuerzas de seguridad civiles y armadas), manteniéndose como los principales agresores de periodistas en México. Desde el inicio de su gobierno 18 periodistas han sido asesinados/as en posible vínculo con su trabajo. El más reciente, Benjamín Morales, fue asesinado hace tan sólo unos días, el 3 de mayo (Día Mundial de la Libertad de Prensa), en Sonoyta, Sonora. Preocupa que el presidente no actúe para frenar el incremento de la violencia en México, ni condene públicamente el hecho de que cada 13 horas se registra una agresión contra periodistas. En su lugar, estigmatiza el trabajo de organizaciones no gubernamentales (ONG) que, frente a una clara inacción del Estado, documentan, denuncian y acompañan a víctimas de violaciones a derechos humanos. También preocupa que, en esta ocasión, el presidente pretenda intervenir para que se restrinjan financiamientos de la cooperación internacional a las ONG, lo cual representa un claro revés autoritario contra el derecho de asociación y la defensa de los derechos humanos. La cooperación internacional ha sido una herramienta importante en el financiamiento de la defensa de derechos y la construcción democrática en todo el mundo. El movimiento de derechos humanos en México tiene un papel fundamental en el proceso de democratización y en la denuncia permanente de los abusos y omisiones cometidas por el Estado mexicano, independientemente de los gobiernos en turno. Las fuentes de financiamiento de esta organización son diversas, no se concentran en una sola. Dichos proyectos se sujetan a estrictas reglas de operación, transparencia y auditoría y van enfocadas a actividades específicas cuyos impactos están a la vista de todas las personas. ARTICLE 19 es una organización independiente y apartidista, fundada en Reino Unido, que desde 1987 defiende los derechos a la libertad de expresión y a la información en todo el mundo. Toma su nombre del artículo 19 de la Declaración Universal de los Derechos Humanos. La Oficina para México y Centroamérica se creó en 2006 y desde entonces ha trabajado, en conjunto con periodistas y otras organizaciones, en la exigencia al Estado para avanzar en garantías para estos derechos, sin distinción de quien ocupe el gobierno. En 15 años hemos documentado 4,926 agresiones contra la prensa, así también hemos participado en la construcción de la Ley General de Transparencia y Acceso a la Información Pública. Hemos abonado a diversos procesos como el fortalecimiento del Mecanismo para la Protección de Personas Defensoras de Derechos Humanos, la participación proactiva en la Alianza por el Gobierno Abierto. Somos parte de procesos colectivos para defender el derecho a la protesta y el derecho a monitorear las mismas a través del Frente por la Libertad de Expresión y la Protesta Social (FLEPS) y la Red Rompe el Miedo. El trabajo de defensa de los derechos humanos es una causa legítima y esencial para sociedades democráticas. La criminalización y estigmatización son por el contrario, mecanismos autoritarios que distorsionan para silenciar a quienes denuncian violencia e injusticia. El discurso de estigmatización y criminalización que se promueve desde el Ejecutivo y se replica en todos los niveles de gobierno constituye un mecanismo distractor ante la incapacidad de responder a la violencia contra la prensa y resolver la crisis de derechos humanos. Además, ignora sus efectos en la vida de las víctimas, en la sociedad y contribuye a la desconfianza de las instituciones. ARTICLE 19 reitera su compromiso de defender la libertad de expresión y el derecho a la información de todas las personas como lo hemos hecho ante sucesivos gobiernos, manteniendo un contexto de exigencia en aras de construir un Estado democrático de Derecho.