Ciudad de México, junio 18.- México enfrenta importantes procesos de deterioro del medio ambiente como parte de los efectos del cambio climático. Sus consecuencias podrían ser incluso más desastrosas debido a los cambios en la política ambiental de la actual administración. Las consecuencias de no proteger el medio ambiente son especialmente preocupantes para México, puesto que se encuentra en una de las zonas con mayor vulnerabilidad al cambio climático. Esto significa que el impacto y los riesgos para nuestro país son mayores que en otras partes del mundo. Ante este panorama, las acciones gubernamentales han avanzado en el sentido opuesto al necesario para combatir al cambio climático: se ha desmantelado a las instituciones encargadas de estudiar, atender y proteger el medio ambiente. Bajo el pretexto de la austeridad, el gobierno del presidente Andrés Manuel López Obrador, ha desarticulado a las instituciones ambientales, lo cual ha impactado los procesos administrativos y las capacidades del Estado para hacer frente a la crisis climática. De acuerdo con diferentes organizaciones internacionales y expertos en el tema, esto ha significado un retroceso sin precedentes en la política ambiental. A nivel presupuestal, la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales (Semarnat) enfrenta desde 2016 un recorte en su gasto que no se revirtió con el cambio de gobierno, sino que se agudizó. Mientras en 2015 se le aprobaron recursos por 100 mil millones de pesos, para 2018 la cifra ya había disminuido a 47 mil millones. En el gobierno de AMLO llegó a mínimos históricos con 33 mil millones de pesos en 20211. Podría parecer que el presupuesto aprobado para 2023 representa un cambio de rumbo, pues se incrementó para volver a los niveles de 2016; sin embargo, estos recursos no serán destinados realmente a la protección medioambiental. Además de los recortes al presupuesto -y en buena medida como consecuencia de ellos-, las instituciones encargadas de atender y estudiar el medio ambiente han sido desmanteladas administrativamente, lo cual ha reducido sustancialmente las capacidades del Estado para cumplir con sus funciones. Por un lado, se han bloqueado y desactivado los procesos administrativos para vigilar los efectos ambientales de los megaproyectos del gobierno y se han reestructurado las oficinas administrativas para alinearlas con los programas sociales. Por el otro, han sido eliminadas diferentes áreas e instituciones administrativas especializadas para la atención del medio ambiente. Un golpe importante a las instituciones ambientales es la desaparición del Instituto Nacional de Ecología y Cambio Climático (INECC) y del Instituto Mexicano de Tecnología del Agua (IMTA) bajo el argumento que implicaría ahorros de recursos. Sin embargo, como señala la revisión del decreto y los planes para desaparecer otros organismos, los ahorros de transferir las funciones y personal del INECC e IMTA a Semarnat y la Comisión Nacional del Agua (Conagua) serían mínimos. Por ello, esta acción debe entenderse como una reestructuración administrativa más que como un mecanismo de ahorro. Los detalles en https://contralacorrupcion.mx/matar-el-futuro-la-4t-y-el-fin-de-la-politica-ambiental-en-mexico/