Ciudad de México, agosto 17.- El próximo lunes 19 de agosto se definirá si el miércoles 21 se inicia una suspensión de labores en los órganos jurisdiccionales del país, para rechazar la reforma al Poder Judicial impulsada por López Obrador y en análisis de la Cámara de Diputados. Este viernes la Asociación Nacional de Magistrados de Circuito y Jueces de Distrito del Poder Judicial de la Federación (JUFED) publicó la convocatoria para que en votación interna se decida si el paro de labores será la ruta para intentar frenar la aprobación de la reforma. En la convocatoria, en que la Jufed calificó los Diálogos Nacionales para la Reforma al Poder Judicial como una "simulación", detalla que para dicha votación se habilitará una plataforma digital donde los miembros del Poder Judicial con correo institucional del Consejo de la Judicatura Federal podrán emitir su voto libre y secreto entre las 09:00 y las 20:00 horas. Al concluir la votación, explica, se elaborará un acta con los resultados y si la mayoría apoya el paro, la suspensión de actividades comenzará a las 00:00 horas del miércoles 21 de agosto de 2024 y continuará hasta que se cumplan las demandas de la JUFED. El levantamiento del paro, requerirá la aprobación de las Mesas Directivas Nacional y Regionales de la asociación, ya que plan de iniciar un paro pacifico, indicó la asociación, es para exigir que los poderes Legislativo y Ejecutivo respeten el estado de derecho e independencia del Poder Judicial. Atenderán asuntos urgentes de la Judicatura En caso de que se realice el paro, la JUFED indicó que para no causar afectaciones mayores, se atenderán asuntos urgentes conforme al calendario de guardias regulares establecido por el Consejo de la Judicatura Federal. La relación de asuntos urgentes, apuntó, se dará a conocer en la declaratoria de suspensión de labores, una vez concluida la votación y si así lo deciden la mayoría de las y los votantes. Advierten riesgos de la reforma La JUFED justificó su exigencia en la afirmación de que el proyecto de reforma judicial conlleva riesgos como la destitución de los actuales miembros del Poder Judicial sin un juicio previo; su sustitución por personas elegidas mediante votación popular en 2025 y reducción de los salarios de los jueces. Además señala que la modificación constitucional prevé la implementación de un modelo disciplinario sin posibilidad de apelación, y otros cambios en materia laboral, social y de jubilación que consideran desfavorables, sin dejar de lado la sospecha de que se afectará la separación de poderes.