Puebla, Puebla, octubre 6 (T21).- En México, al menos 310 municipios cobran permisos adicionales a los transportistas por circular en los caminos provocando un aumento en sus costos operativos, pero además ejemplifica la sobrerregulación que se presenta en el país y que genera una honda desconfianza en términos de movilidad de las mercancías. Para frenar esta situación, el más reciente intento ha provenido a partir de la aprobación legislativa de la Ley General de Movilidad y Seguridad Vial (LGMSV), con la que se pretende dar paso a una homologación nacional en términos de lo que el ámbito público (gobierno) se puede aplicar con fines normativos. Una vez aprobada la Ley, son los congresos locales los que tienen que definir estos elementos. Pero debe existir un acompañamiento y definir las responsabilidades a nivel federal, estatal y municipal, indicó Angélica Vesca, directora ejecutiva interina del World Resources Institute (WRI), durante su participación en Expo Transporte ANPACT 2022 en el panel Movilidad Segura, Eficiente y Sustentable. Por su parte, Patricia Vizcaya, directora Jurídica y de Normatividad de la Asociación Nacional del Transporte Privado (ANTP), afirmó que también es necesaria la información y educación para sensibilizar sobre la importancia del transporte de carga y los actores que se concentran en este sector. “Es muy importante andar en bicicleta, son muy importantes los vehículos particulares, pero todo esto no sería posible si nosotros no lo distribuyéramos”, aseguró. En su participación, Refugio Muñoz, vicepresidente de la Cámara Nacional del Autotransporte de Carga (Canacar), detalló que la LGMSV es “la madre de las reformas, la reforma consagra como un derecho humano el derecho a la movilidad en condiciones de seguridad vial, accesibilidad, eficiencia, sostenibilidad, etc., de esa reforma depende el derecho a alimentación, al trabajo, a todo al depender de la movilidad”. Además, indicó que no es solo crear un sistema, en este caso una Ley, sino que el proceso debe pasar por varias etapas, “lo que tenemos que hacer es integrar y diseñar la estrategia y los recursos para generar las condiciones que se necesitan, ese es el gran reto”. Roxana Montealegre, directora de movilidad de la Secretaría de Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano (Sedatu), señaló que la ciudadanía debe aportar para que esto sea una realidad, para crear un transporte más eficiente, mejor y más amable con el medio ambiente. Por ello, exhortó a todos los niveles de gobierno y organizaciones, incluyendo a las cámaras, a poner la parte que les toca y ceder en donde se deba, para llegar al objetivo que se tiene en común. Refugio Muñoz puntualizó las conclusiones a las que llegó Canacar para que este derecho a la movilidad se cumpla. Primeramente, en materia de infraestructura, crear centros logísticos, establecer carriles confinados y destinados al autotransporte de carga, instalar iluminación adecuada para el tránsito nocturno, tanto para el autotransporte como para los peatones, colocar señales de control de tráfico peatonal motorizado y no motorizado, señalización horizontal y vertical para una adecuada orientación a los conductores, implementar paraderos seguros en carreteras federales, estatales y municipales, colocar libramientos de tal manera que no se afecte la movilidad de las personas y se mejore la seguridad vial. En relación con los vehículos, señaló que se debe establecer un control de estímulos fiscales que incentive a invertir en unidades eficientes, motivar al mercado para la adopción de mejores prácticas de seguridad vial y vehículos seguros, establecer dispositivos de seguridad y requerimientos para vehículos nuevos. Y, en materia de educación vial, el vicepresidente de Canacar destacó la importancia de crear un programa de capacitación nacional para todos los conductores enfocados en atender las causas de accidentabilidad que se tienen identificadas, conducción, inteligencia emocional y social, prevención de accidentes, manejo a la defensiva, cultura ética y valores, obligatoria en los tres órdenes de gobierno. Cabe destacar que la Ley General de Movilidad y Seguridad Vial busca priorizar el desplazamiento de las personas, particularmente de los grupos en situación de vulnerabilidad, así como bienes y mercancías; así mismo, pretende disminuir los impactos negativos sociales, de desigualdad, económicos, a la salud y al medio ambiente, con el fin de reducir muertes y lesiones graves ocasionadas por siniestros viales, para lo cual se debe preservar el orden y seguridad vial