Duras críticas generó una desafortunada declaración del presidente López Obrador en una de sus conferencias mañaneras en la que hizo referencia a un conflicto existente entre comuneros del estado de Chiapas, entidad hoy sumida en la violencia y en el abandono de la legalidad. Dos grupos rivales de una comunidad de ese estado se enfrentaron resultando varias personas lesionadas y la quema total de 30 casas (anteriormente habían quemado más de 40) razón por la que autoridades y residentes pidieron al presidente la intervención del Ejército Mexicano y de la Guardia Nacional para establecer el orden y salvaguardar su seguridad y la de sus bienes materiales. Pero el presidente, quien se supone es el garante máximo de la seguridad nacional y el principal responsable de velar por la integridad y los intereses de los ciudadanos, dio una respuesta de antología: “No; porque no se trata de usar la fuerza contra unos para favorecer a otros y no vamos a caer en provocaciones, en una trampa”… ¿A qué intereses sirve entonces el presidente? ¿Por qué su reiterada negativa a aplicar la ley y hacer valer el estado de Derecho en contra de la delincuencia y de cualquier persona que violente el marco legal? ¿Qué clase de jefe de Estado es el que tienen los ciudadanos, que hoy como nunca antes se encuentran en una total indefensión ante el embate de todo tipo de delincuentes? Es verdaderamente dramático lo que se está viviendo en el país con asesinatos, masacres y hechos delictivos de todo tipo y es reprobable e inexplicable la conducta indiferente del primer mandatario de la nación. Y lo es, pues prefiere negar la realidad culpando al pasado, recurrir a sus “otros datos” y decir que toda la problemática actual es un invento de sus adversarios políticos y de la “mafia del poder”. Le quedan solo once meses de gestión y tal parece que aún no le cae el veinte…