Por Armando Vargas y Yair Mendoza Programa de Seguridad Las prioridades de un gobierno se traducen en el presupuesto. Sus valores, visiones e intenciones se expresan en el comportamiento de las instituciones. A continuación se busca exponer qué es el Consejo Nacional de Seguridad Pública (CNSP) y, con base en su funcionamiento, ¿qué se puede esperar de la estrategia de seguridad a un año de haber iniciado? ¿Qué es el CNSP? Es el órgano superior del Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública (SNSP). El CNSP tiene el espíritu de ser un órgano colegiado para recoger los diagnósticos, evaluaciones y necesidades en materia de seguridad pública de quienes lo integran. Su diseño reconoce que el Gobierno central no cuenta con información completa sobre el estado de la seguridad en los 2,469 municipios y busca hacer del federalismo mexicano un insumo para que cada entidad aporte información pormenorizada de la criminalidad en su territorio. Entre sus funciones está la de implementar acuerdos para mejorar la seguridad pública del país. Por ejemplo, lineamientos para formular políticas públicas en materia de seguridad, promover la coordinación entre las instituciones y la homologación del sistema de desarrollo policial. También busca vigilar el ejercicio de recursos federales en la materia y establecer normas para compartir información. El Consejo al día de hoy es presidido por la titular del ejecutivo federal e integrado por los Secretarios de Gobernación, Defensa Nacional, Marina, el Procurador General de la República, los Gobernadores de los Estados, la Jefa del Gobierno de la Ciudad de México, el Comisionado Nacional de Seguridad, y la Secretaria Ejecutiva del SNSP. Supongamos que todos los municipios y entidades federativas cuentan con las capacidades institucionales en materia de seguridad pública para capturar datos e informar a la Federación. Entonces, reportan sobre su incidencia delictiva, las organizaciones criminales con presencia en sus territorios, y los mercados ilícitos explotados y disputados. Lo que restaría saber ahora es qué postura toma el Gobierno federal frente a este abanico de información. Revisemos cómo ha sido esto en el pasado. El CNSP 2006-2025: la paulatina militarización El CNSP debe reunirse al menos dos veces al año, es decir al menos 12 veces por sexenio. En esos encuentros se deben generar acuerdos que se traducen en mejores políticas públicas o estrategias, mejor coordinación institucional y el correcto ejercicio de los recursos. La administración de Felipe Calderón estableció como objetivo de su estrategia de seguridad el combate frontal a los cárteles y la captura de capos mediante la utilización de las Fuerzas Armadas. Fue una estrategia de tipo militarista y centralista. En ella poco participaron los estados y municipios en el establecimiento de acuerdos a pesar de que esta estrategia generó episodios sostenidos de violencia en las entidades federativas, por la fragmentación de los cárteles. La administración 2012-2018 mantuvo el carácter militarista y centralista de la estrategia de seguridad pasada. Aderezada con una reorganización administrativa en la que se incorporó la Secretaría de Seguridad Pública a la Secretaría de Gobernación, y se brindó un mayor impulsó a programas de prevención del delito y la violencia. Esta administración fue un poco más abierta a escuchar y acordar con las entidades federativas ajustes a la estrategia de seguridad, aunque también el gobierno en turno contó con más gobernadores en funciones al inicio de su gestión. ¿Qué tan productivo fue el CNSP de 2006 a 2025? México Evalúa ha medido la productividad del CNSP según el número de reuniones y acuerdos establecidos por administración en turno. Los datos permiten conocer la vocación para escuchar, dialogar y establecer acuerdos con los actores e instituciones involucradas en el tema de la seguridad, o bien, su talante centralista, cerrado a la negociación. A mayor número de acuerdos, más disposición al diálogo. En la administración de Felipe Calderón se establecieron 7.3 acuerdos en promedio por sesión ante el CNSP, mientras que en la de Enrique Peña el promedio por sesión fue de 12.2 acuerdos. Por último, la administración 2018-2024 impulsó, a través del CNSP, 8.5 acuerdos en promedio. Fueron menos que la administración de Enrique Peña Nieto, pero más que la de Felipe Calderón. La cifra sorprende porque López Obrador fue un candidato presidencial que en campaña impulsó de manera constante la justicia restaurativa y los métodos alternativos de solución de conflictos, mecanismos que para ser eficaces requieren de múltiples directrices acordadas en el CNSP entre la federación y los estados para su implementación. Sin embargo, una vez iniciado su gobierno aquella agenda fue relegada en favor de la permanencia del talante centralista, mientras el militarista se intensificó con la desaparición de la Policía Federal, la creación de la Guardia Nacional y la asignación de responsabilidades más allá de la seguridad a la Fuerzas Armadas. La militarización de la seguridad pública que se destaca en las tres administraciones, no sería un foco rojo de no ser por los pocos resultados que dicha estrategia ha ofrecido para pacificar el país. Un dato revelador, es que en la administración 2018-2024 sólo se aprobaron 68 acuerdos, ninguno en materia de combate a la corrupción o debilitamiento del crimen organizado. En su mayoría los acuerdos estuvieron relacionados con asuntos administrativos (24), fortalecimiento de las instituciones de seguridad (13), asignación de recursos (12), justicia y reconciliación social (7), reducción (6) y prevención de la violencia (4), y programas de prioridad nacional (2). La administración 2024-2030: la disyuntiva La forma como la administración actual gestione las facultades del CNSP, dará brillos sobre sus pretensiones. ¿Busca la recuperación institucional de las policías civiles en el país? ¿O estamos ante la fase posterior al enraizamiento del militarismo en la conducción de la administración pública federal? La disyuntiva entre seguridad civil o militar debe ser redundante para la ciudadanía asolada por la violencia. Sin embargo, con una mirada de mediano plazo, se recomienda abandonar la carrera armamentista contra las organizaciones. Es claro que, al estar libres de burocracia, éstas administran mejor el cambio tecnológico, por lo que de ese enfrentamiento sólo podría esperarse una escalada de la violencia. Por el contrario, se debe transitar a la consolidación de tres objetivos: 1) imponer violencia selectiva contra generadores de violencia; 2) capturar a operadores estratégicos (financieros y territoriales); y 3) fortalecer a policías para que administren la cotidianeidad del delito y levanten información. Una dimensión adicional que la ejecución del CNSP permitirá observar es si la administración en turno se concibe, o no, como un actor con información completa. Es decir, si desestima la comunicación y acuerdos con estados y municipios, o por el contrario se muestra permeable y sensible a las necesidades territoriales. Este segundo supuesto —que es, por cierto, el más aconsejable— implicará entender con sutileza las disputas por las entidades, sobre todo a nivel de lo microlocal, para evitar explosiones de violencia. Tal sería una razón adicional para construir fuerzas policiales capacitadas para recabar dicha información.