En las últimas dos décadas, nuestro país ha experimentado un bajo crecimiento económico y una gran desigualdad social. Aunado a esto, tenemos temas prioritarios de la agenda nacional con resultados todavía muy lejos del interés común, tales como inseguridad, corrupción e impunidad. Esto nos hace cuestionarnos si el modelo económico, político y social que adoptamos es el adecuado o es inminente un cambio que asegure que todo ciudadano, sin importar donde haya nacido, tenga las mismas áreas de oportunidad para desarrollar su máximo potencial. Posiblemente, más que cambiar el modelo en su totalidad, es necesario revisar y adecuar la forma de implementarlo y, si bien, hablar sólo de crecimiento económico no garantiza que todas las personas de un país tengan las mismas oportunidades, es ahí donde se puede centrar el debate. Requerimos que se garantice que, a la par de una economía creciente, que es indispensable para generar riqueza, se asegure que todas las personas cuenten con las mismas oportunidades y que el gasto público y privado logre un impacto real en la sociedad generando así un círculo virtuoso, con una clara inclusión social y un cuidado esencial de nuestro medio ambiente. De esta forma, el Estado mexicano podrá proporcionarnos claridad en las condiciones de inversión, con base en reglas claras y apegadas al cumplimiento de la ley y transparencia, fortaleciendo así las finanzas públicas dirigidas a mejorar la calidad de la educación, servicios de salud universal y programas sociales que realmente contribuyan a salir de la pobreza a las personas con mayores carencias y que puedan vivir con la tranquilidad y seguridad sobre su patrimonio y su integridad. Desde la Coparmex y diversos grupos sociales, hace ya un par de años hemos construido la propuesta de un Modelo de Desarrollo Inclusivo que cuenta con una visión a largo plazo en la que podamos soñar con el país que anhelamos, pero con acciones concretas que debemos hacer en los tiempos actuales. Principalmente, que se refuerce la necesidad de contar con un desarrollo inclusivo y sostenible basado en un piso parejo y mínimos universales. Así mismo, que las políticas económicas de mercado sean solidarias tomando a la empresa como un vehículo de cambio que impacte positivamente en la sociedad basados en la innovación y la sustentabilidad, siendo en este punto el foco central la micro, pequeña y mediana empresa, con el apoyo subsidiario de las grandes empresas. Finalmente, en este modelo no podríamos dejar fuera el fortalecimiento de nuestro Estado democrático y de derecho, cuyo eje es la impartición de justicia pronta y expedita; además de consolidar una democracia participativa y no sólo electorera, en la que los ciudadanos seamos corresponsables del país que queremos construir. Estamos en un momento de retos y oportunidades para nuestro país, es por eso que la propuesta de un Modelo de Desarrollo Inclusivo abre la oportunidad de construir puentes de diálogo y ayuda a contrarrestar la polarización que actualmente nos divide, para buscar y establecer los mínimos comunes en los que sí estemos de acuerdo bajo una responsabilidad compartida. Este periodo electoral que ya estamos viviendo, debe convertirse en una muy buena oportunidad de exigirles a todas y todos los candidatos que le hablen a un elector informado, preocupado y participativo, para que presenten propuestas en las que podamos atacar de frente los grandes desafíos que tenemos como país y que estén a la altura de las circunstancias; con el objetivo de que todas las personas que están compitiendo por un puesto de elección popular, se den la oportunidad de conocer, analizar y, en su caso, suscribir un Acuerdo por un México con Desarrollo Inclusivo en el que impulsemos compromisos puntuales con una clara rendición de cuentas a todas y todos los mexicanos. ****Director General de Coparmex