¿Cómo se restaura la cordura en una sociedad que ha perdido el norte sobre lo que el Estado puede y no puede resolver? El Barómetro de la Vivienda 2026, elaborado por el Centro de Investigaciones Sociológicas (CIS) en colaboración con el Ministerio de Vivienda y Agenda Urbana, arroja cifras preocupantes sobre lo que piensan los españoles acerca del papel del Estado en el mercado inmobiliario. El 76.3% cree que el Estado debe intervenir “tanto como sea necesario” para garantizar que todos tengan acceso a una vivienda. El 91.4% pide que las administraciones construyan más vivienda pública, el 70.6% respalda congelar los alquileres durante dos años, el 72% apoya subir los impuestos a los grandes tenedores y casi la mitad, el 49.9%, está a favor de expropiar suelo. El sondeo llega pocos días después de que el Congreso tumbara, por 178 votos contra 172, el llamado decreto Mari Carmen, que limitaba la actualización de los alquileres hasta finales de 2027. La medida no salió adelante, pero la encuesta muestra que la idea de intervenir cada vez más en el mercado inmobiliario sigue teniendo un respaldo considerable entre los españoles. El 86.9% de los españoles afirma que le preocupa mucho o bastante el tema de la vivienda. El problema es que las soluciones que muchos respaldan no necesariamente resuelven aquello que tanto les preocupa. Si se pretende que la vivienda sea más accesible y que los precios bajen, necesitamos más oferta. Y buena parte de las medidas que hoy se proponen hacen precisamente lo contrario. Pero no todo son malas noticias. La vivienda es, en gran medida, competencia de las comunidades autónomas, y algunas están empezando a explorar una alternativa: eliminar las trabas que dificultan la actividad económica. Esta semana, el Gobierno de Isabel Díaz Ayuso aprobó el proyecto de ley de medidas contra la hiperregulación de la Comunidad de Madrid. Entre otras medidas, propone que cada nueva carga administrativa impuesta a las empresas se compense con la eliminación de otra de coste equivalente y que determinadas normas tengan fecha de caducidad. La Comunidad de Madrid ya ha simplificado su marco normativo, eliminando 738 normas y modificando, entre otras, la legislación del suelo para agilizar la concesión de licencias. Si construir una vivienda requiere menos trámites, resulta más fácil que nuevos proyectos salgan adelante. Y cuando aumenta la oferta, hay más posibilidades de que los precios sean accesibles para más personas. Argentina ofrece un ejemplo interesante. La ley de alquileres de 2020 restringió las condiciones bajo las cuales se podían pactar los contratos. En diciembre de 2023, el Gobierno de Javier Milei derogó esa normativa. En los seis meses siguientes, la oferta de alquileres en el área metropolitana de Buenos Aires aumentó un 212% y los precios reales cayeron un 26.6%. Esto no significa que desregular resuelva automáticamente todos los problemas, pero sí muestra por qué permitir que los precios se ajusten y que los propietarios tengan incentivos para poner sus inmuebles en alquiler importa: si las condiciones dejan de ser atractivas, la oferta se contrae; si se eliminan obstáculos, puede crecer. Sobre este tema tenemos varios videos en nuestro canal de YouTube, que este fin de semana superó los 315 mil suscriptores. Si todavía no estás suscrito, te invito a que nos acompañes. Mientras tres de cada cuatro españoles respalden una mayor intervención estatal como respuesta al problema de la vivienda, no se atacan las causas del problema. La solución no está en darle más poder al Estado, sino en permitir que se construya más vivienda, que haya más competencia y que desaparezcan las barreras que impiden que la oferta responda a la demanda. ¡Hasta la próxima! *****Directora de FEE Studios.