Morena aprobó que los "beneficiarios" del IMSS-Bienestar se puedan atender en el IMSS ordinario. ¿El problema?, NO hay un peso de inversión Los trabajadores que aportan sus cuotas pagarán el costo, con saturación y menor calidad de servicio. La nueva iniciativa en materia de salud de la presidenta @Claudiashein aprobada por Morena en Comisión de Salud de la Cámara de Diputados busca crear un mecanismo de intercambio de servicios entre instituciones públicas de salud. El objetivo, supuestamente, es que toda la población (afiliada o no a la seguridad social) pueda acceder a los servicios de cualquier institución pública. Sin embargo: -No garantiza que todas las personas reciban los mismos servicios. -No resuelve la disparidad en el gasto asignado a los pacientes entre las distintas instituciones (IMSS, ISSSTE, PEMEX, CFE, Fuerzas Armadas). -No incrementar la inversión en el sistema de salud. La implementación de este esquema provocará saturación y disminución de la calidad en instituciones como el IMSS, los servicios estatales no afiliados a la federación y los Institutos Nacionales de Salud, dado que el IMSS-Bienestar presenta actualmente niveles críticos de calidad y la población no acude a sus clínicas. Este es un remedio improvisado e irresponsable ante el fracaso del IMSS-Bienestar. Los profesionales de la salud ya enfrentan cargas de trabajo inhumanas para poder atender a la población en el IMSS o en los institutos de cancerología y cardiología, lo que se traduce en unidades médicas saturadas y en cirugías pospuestas. Con la reforma de la presidenta no hay universalización del derecho a la salud, ni unificación de las instituciones públicas, ni mejorarán los estándares de calidad, solamente hay irresponsabilidad en la administración de las instituciones de salud. El Seguro Popular implementó una presupuestación democrática mediante una cuota social, asegurando recursos por cada persona sin seguridad social (el dinero "seguía a la gente"). La administración del ex presidente López Obrador eliminó este mecanismo, optando por una presupuestación burocrática y discrecional con el INSABI y posteriormente el IMSS-Bienestar, por lo que la cantidad de recursos disponibles solamente se ligó a la inflación, no al número de personas que requerían atención médica. Esto significó que: •El financiamiento dejó de estar vinculado al número de personas sin seguridad social, por lo que la inversión nunca ha sido suficiente para atender a más población. •El presupuesto se ajusta principalmente por inflación, por lo que el incremento presupuestal real es marginal o nulo. •En 2012, se invertían $6,273 por persona sin seguridad social, cifra que cayó a $4,490 en 2025 tras la desaparición del Seguro Popular, un retroceso que perjudica a los más pobres. Como consecuencia, 24 millones de mexicanos quedaron sin acceso a servicios de salud.