Caprichos Políticos

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Queriendo quedar bien con ya saben quién, el senador Ricardo Monreal, planteó la posibilidad de enjuiciar políticamente a los Ministros de la Corte. Decepcionante el zacatecano. De memoria: La noche del domingo 26 de octubre de 2003, los Magistrados del Poder Judicial de Baja California, fueron juzgados y sentenciados políticamente por los diputados de la XVII legislatura. La sanción de los diputados, erigidos como jueces de sentencia, fue la destitución e inhabilitación de los magistrados. Los togados fueron hallados POLÍTICAMENTE responsables de: Usurpación de atribuciones, al ratificar a una juez mayor de 70 años en Tijuana, nombrar a un juez en Tecate (porque la lista era de 3 candidatos) y, el robó de una maquinaria embargada, causando quebranto al poder judicial por 786 mil 535 pesos. Los magistrados corridos, eran incómodos para el gobierno de Eugenio Elorduy y, para algunos diputados litigantes, que tenían obvios intereses en el Poder Judicial. El juicio se inició tras la denuncia de, “un ciudadano” de apellido Verástegui, que era miembro del consejo de la judicatura. El juicio, sin precedente a nivel nacional, fue presidido por el diputado Ricardo Morán Díaz, quien esa noche se ganó el apodo de “Don Timo”, después que el magistrado Oscar Valenzuela le gritó “Timorato”. La madrugada del lunes 27 de octubre, los 19 diputados convertidos en jueces, emitieron la condena y procedieron a nombrar a sus suplentes. Ejecutivo y legislativos se repartieron las magistraturas, nombrando amigos para que les resolvieran “sus asuntos” a su entero gusto. Tras un juicio de amparo, los destituidos fueron reinstalados y, el gobierno, tuvo que pagarles 50 millones de pesos de indemnización, 5 millones de dólares de entonces. Además de que salió caro el capricho, la decisión política dañó la imagen e independencia del Poder Judicial. Hoy, Ricardo Monreal, amenaza con repetir el descabello a los Ministros, por hacer polvo la primera parte del Plan B. Increíble que, “el constitucionalista”, secunde la idea de elegir a los integrantes del Máximo Tribunal Constitucional con una consulta, como si se tratara de un concurso de popularidad o la selección de la flor más bella de la cuarta transformación.