Catalogar a las familias como disfuncionales es criminalizar y criminalizara las personas. La ausencia de uno de los padres no define el futuro de los hijos, ni convierte a una familia en generadora de delincuentes. Antes de utilizar el término “familia disfuncional”, quienes ocupan un cargo público deberían comprender que existen distintas estructuras familiares y que miles de madres y padres han asumido una doble responsabilidad, formando ciudadanos ejemplares. Los juzgados especializados existen para garantizar una atención con perspectiva de edad y vulnerabilidad, no para señalar ni estigmatizar a las familias. La responsabilidad de nuestros representantes es proteger los derechos de los ciudadanos, no prejuzgarlos por su entorno familiar.