Nueva York, Estados Unidos, noviembre 3 (The New York Times).- Los presidentes se definen a menudo por su primera crisis, y la nueva lideresa de México se enfrenta a una grande: un choque de instituciones democráticas que podría trastornar fundamentalmente el país. Por un lado está el poder judicial. Se ha manifestado enérgicamente en contra del cambio total de los tribunales que pretende llevar a cabo el partido gobernante. Los jueces federales y algunos magistrados de la Suprema Corte de Justicia argumentan que los cambios violan la Constitución y pueden poner en peligro la democracia del país. En el otro bando está el partido gobernante, Morena. Sus líderes en el Congreso han prometido seguir adelante con sus planes a pesar de los cientos de recursos legales interpuestos ante los tribunales. Dicen que los cambios son necesarios para frenar la corrupción judicial. El martes se puede presentar la gran prueba para la presidenta: la Suprema Corte de Justicia decidirá si anula o no partes clave de la medida, lo que supondrá un enfrentamiento directo entre dos pilares del gobierno que, según los juristas, apenas tiene precedentes en la historia reciente de México. La forma en que la presidenta Claudia Sheinbaum afronte este momento permitirá saber cómo ejerce su poder y cuál es realmente su visión del país. Estas son preguntas que han rondado en la mente de muchos mexicanos desde que Morena arrasó en las elecciones de junio. ¿Perseguirá la presidenta, científica de formación y política de izquierda hasta la médula, los objetivos de su partido sin ceder un ápice? ¿O mostrará cierta flexibilidad? ¿Y cuánto control tiene realmente sobre las poderosas figuras de su propio movimiento político, que controlan ambas cámaras del Congreso y se niegan a ceder? “Pone en juego la autoridad del ejecutivo”, dijo Ana Laura Magaloni, experta jurídica afincada en Ciudad de México. “Si no lo maneja bien podría perder control del rumbo del país”. “Estamos construyendo un verdadero Estado de derecho en nuestro país”, dijo Sheinbaum a la prensa en octubre, y añadió que el experimento de México “va a ser un ejemplo al mundo”. Pero en un país que acaba de soportar uno de sus ciclos de campaña electoral más violentos de los últimos tiempos, con al menos 41 asesinatos de personas que aspiraban a un cargo público, a muchos les preocupa que hacer que los jueces hagan campaña para ser elegidos para sus cargos otorgue al crimen organizado y a los actores políticos más influencia sobre cómo se hace justicia. El martes, la Suprema Corte estudiará una resolución para invalidar partes cruciales de la remodelación judicial, lo que podría desencadenar una batalla con los poderes ejecutivo y legislativo. Si ocho de los 11 magistrados votan a favor de anular esos elementos, incluida la elección de jueces locales y federales, no podrán entrar legalmente en vigor, dijeron expertos jurídicos. Funcionarios de Morena ya han dicho que los legisladores harían caso omiso de tal fallo. Si la Corte aprueba la resolución, la presidenta tendrá dos opciones, dicen los analistas. Podría seguir el ejemplo de la línea dura de su partido e ignorarla. O podría hacerles caso y negociar una salida al conflicto que logre los objetivos de su partido sin rechazar la autoridad del tribunal. Desafiar a los jueces empujaría al país a un territorio desconocido, dicen los juristas. Sin embargo, muchos argumentan que Sheinbaum y su partido Morena tienen pocos incentivos para llegar a un acuerdo. La reestructura también presenta un potencial botín político para los legisladores, quienes, según los analistas, podrían influir en la elección de poderosos jueces con autoridad para determinar el resultado de litigios empresariales valorados en miles de millones. Pero quizá el mayor riesgo, según los analistas, sea el daño a la reputación de México si se convierte en un país donde las sentencias de la Suprema Corte no tienen sentido.