Combatir el lavado de dinero no puede ser selectivo. La postura oficial señala que esta disposición no debe preocupar al sector empresarial, porque no se aplicará a quienes operan dentro de la ley, sino únicamente a quienes tienen vínculos con el crimen organizado. Pero esa distinción genera una pregunta legítima: ¿Quién decide a quién se aplica y a quién no? Las herramientas legales para combatir el lavado de dinero ya existen. Lo que ha faltado no es marco jurídico, sino voluntad política para aplicarlo de manera consistente y sin excepciones. Porque los casos están ahí. Una funcionaria con recursos en efectivo sin justificar. Un servidor público adquiriendo propiedades que no corresponden a su ingreso declarado. Operaciones que, en el sector privado, dispararían de inmediato una alerta de la UIF. Eso también es presunción de lavado de dinero. Si el objetivo real es combatir la ilegalidad financiera, la lupa tiene que apuntar en todas direcciones: sector privado y sector público por igual. No puede haber un estándar para unos y otro para quienes ejercen el poder. El problema no es la falta de instrumentos legales. El problema es decidir con honestidad a quién se los aplicamos. Y mientras esa pregunta no tenga una respuesta clara, cualquier nueva facultad administrativa genera más desconfianza que certeza. ****Presidente del Consejo Coordinador Empresarial de Mexicali.