La tragedia de Uruapan conmocionó a México, aunque su impacto fue oscurecido por la desagradable querella que surgió entre Morena y los partidos de oposición. Morena trata de distorsionar o disminuir la trascendencia del hecho y los opositores aprovechan la oportunidad para descargar su ira lanzando insultos mayores contra el partido gobernante, en lugar de buscar la interpretación correcta, objetiva, de los acontecimientos. Me parece indiscutible es que el asesinato de Carlos Manzo no es un acontecimiento menor sino una tragedia nacional. El luto no es solo de Uruapan, o de Michoacán. Es un luto nacional. Ese crimen simboliza la cresta de la ola de violencia que sufrimos y es la prueba contundente del fracaso de las políticas federales de paz, seguridad y combate al crimen organizado. A la luz de sus fracasos, el Estado necesita revisar los fundamentos de su política contra la violencia. En esta política se han dado graves errores como la de utilizar públicamente el lema de “abrazos no balazos” --que repetía obstinadamente el presidente López Obrador—y que generaba confusión puesto que no es con abrazos o con balazos, sino con la ley, con lo que se debe combatir al crimen. ¿Cómo interpretar la opción de tratar con abrazos a los criminales? Esa idea no es tan incoherente. En varias ocasiones López Obrador sugirió que los miembros del crimen organizado eran, en realidad, una parte del pueblo que había sido orillada, por las circunstancias, a incurrir en el delito. No podemos olvidar el amable saludo que brindó a la madre del Chapo Guzmán. Con el trato a “balazos” a los delincuentes es obvio que AMLO aludía a la “guerra” contra el crimen del presidente Felipe Calderón la cual solo encrudeció la batalla entre las organizaciones criminales, pero es evidente que no se trata de una opción legítima para ordenar la conducta del Estado: el combate a la delincuencia no es una “guerra” sino una obligación constitucional de las autoridades. La idea de “atender a las causas” de la violencia y no reducirse a la simple acción represiva del delito, es correcta. Y es también correcto pensar que eso se logrará a través de la justicia, en el doble sentido del término (justicia social y justicia jurídica). Es discutible, sin embargo, la interpretación de justicia que hace morena y sus líderes. Atender las causas profundas de la violencia obliga, primero, a estudiar el fenómeno de la violencia en el contexto peculiar mexicano y explorar caminos sugerentes como los que ha seguido el antropólogo Claudio Lomnitz que ha investigado la violencia y el crimen organizado y sus formas de arraigo en varias regiones de México. La violencia organizada en México nace en comunidades pobres con las carencias propias de la pobreza, entre otras, la falta de servicios educativos efectivos y de calidad. Pero también ocurre que la oferta educativa existente en las barriadas pobres no atiende con eficacia la formación del carácter y la educación emocional. Cualquier política de justicia y contra la violencia debe colocar en el centro de su interés la calidad de la educación y en México esto no se podrá lograr mientras persistan las políticas de abandono y no se incremente significativamente el financiamiento del sector educativo. La otra dimensión de tema educativo es la prevalencia de criterios políticos en la definición de planes de estudio, como ocurre en la educación básica con la Nueva Escuela Mexicana: se trata de una política populista, activista, que funciona dando la espalda a los aprendizajes y a la formación del carácter. En otras palabras, la justicia se construye, antes que nada, con un reparto justo del conocimiento y de la inteligencia. Una obra como esta, implicaría un gran cambio, un cambio a fondo, de la estructura del Estado y de la Sociedad. Este cambio abarcaría también lo económico. Evidentemente, no se trata de destruir la actual economía capitalista (como pensaron los comunistas) sino de re-conceptualizarla abandonado la austeridad y potenciando, como nunca antes, el poder interventor del Estado mediante una reforma fiscal efectiva. Obviamente, la justicia social exige asimismo una condición económica de razonable igualdad en la distribución de la riqueza. La justicia no se logra –hay que enfatizarlo-- con señuelos como los que representan las asignaciones directas de dinero a la población vulnerable que solo tienen el efecto de un alivio temporal que no cambia el estatus socio-económico de quienes lo reciben. Por otro lado, la justicia legal no puede lograrse con la substitución de organismo legales gobernados por personas ilustradas por organismos legales creados por elección directa de una minoría popular seleccionada y gobernados por funcionarios escogidos, no por méritos técnicos o virtudes morales, sino por criterios político-partidarios. Todavía más grave: bajo el nuevo esquema es probable que el poder judicial pierda eficacia e incurra en más injusticias. La justicia es realmente el alivio social que frenaría seguramente la violencia, pero esta justicia tendría que ser, en primer lugar, educativa, en segundo lugar social y en tercer lugar jurídica.