Por Armando Vargas Seguridad Desde que inició la “Guerra contra el narcotráfico” a principios de la presidencia de Felipe Calderón, hace casi veinte años, muchas organizaciones de la sociedad civil han alertado sobre los efectos nocivos de la participación de los militares en tareas de seguridad pública. Aunque la inseguridad se mantiene como la principal preocupación ciudadana, de acuerdo con la Encuesta Nacional de Victimización y Percepción sobre Seguridad Pública (Envipe) del INEGI, la militarización preocupa principalmente a los sectores académicos e intelectuales y a ciertas corrientes políticas, mientras que no es un problema para la población. En 2022, una encuesta de El Financiero reveló que más de la mitad de los encuestados prefería un mando militar en la Guardia Nacional. Dicha divergencia de opiniones respecto a la militarización se explica en parte porque quienes participamos en la agenda pública usualmente le hablamos a nuestros pares, y ese diálogo a veces soslaya que estamos frente a un nuevo régimen con amplísimo apoyo popular. Dos cifras históricas lo constatan: AMLO concluyó su presidencia con una aprobación cercana al 80% de acuerdo con Enkoll y Claudia Sheinbaum ganó la presidencia con más de 35 millones de votos de diferencia sobre Xóchitl Gálvez. Lo que quiero decir es que para colocar ideas en la agenda gubernamental e impulsar cambios, tenemos que hablar con mayor frecuencia y contundencia con los ciudadanos. Repensar nuestros criterios de interlocución se vuelve todavía más relevante al cierre y comienzo de un nuevo sexenio. Con esa idea en mente, dejo sobre la mesa algunos ejes que pueden servir para visibilizar con mayor efectividad entre la población el problema de la militarización: Expliquemos con claridad qué significa la militarización. Evitemos los conceptos grandilocuentes y demos ejemplos directos. No se trata de ser simplistas sino captar la atención de la ciudadanía. Propongo limitarnos a decir que militarización significa ceder a los militares las responsabilidades que deben realizar los civiles. Matizar que, en el caso de la seguridad pública, la militarización puede entenderse como quitar a un policía y poner a un militar para prevenir delitos o sancionarlos. Argumentemos su existencia diciendo que la militarización existe en nuestro país porque la Guardia Nacional estará conformada y controlada por militares. Digamos directamente qué no busca la militarización del país. Para evidenciar los problemas que ocasiona este proceso conviene contrarrestar la narrativa de su supuesta efectividad. Propongo enfatizar que la militarización no es una política pública. En otras palabras, señalamos que la militarización no ayuda a frenar la violencia y la delincuencia porque no atiende las causas de estos problemas. La participación de los militares no reduce la impunidad, no frena la corrupción, no acaba con la pobreza o la desigualdad. Hay que visibilizar lo que sí pretende la militarización. Si la militarización no es una política pública, ¿entonces qué sí es? No es otra cosa que un instrumento de control político a nivel territorial. El mecanismo de operación es sencillo: la militarización se acompaña del debilitamiento de las políticas locales. Esto ocasiona que los gobiernos estatales y municipales se vuelvan dependientes de la federación, lo que abre espacios para el chantaje político. Si la mayoría calificada alinea al poder legislativo con el Ejecutivo y la elección popular neutraliza a los poderes judiciales, la guardia nacional rompe los contrapesos entre los niveles de gobierno. Hablemos sobre sus consecuencias diarias. Para evitar que la militarización se llegue a observar como algo abstracto, debemos insistir en sus consecuencias cotidianas.La más inmediata es que la militarización deja a la población más expuesta frente al crimen y las violencias comunes; no solamente ante la violencia asociada a las disputas entre los grupos criminales, sino a problemas como los robos en la calle, el transporte público o los cajeros automáticos, pues implica menor disponibilidad de policías suficientes y capacitadas. Destaquemos las alternativas de pacificación. Uno de los argumentos principales para militarizar es que no existe otro camino. Las organizaciones de la sociedad civil durante años han realizado diagnósticos del problema de las violencias y formas alternativas de pacificación. Después de lanzar los problemas de la militarización, conviene enlistar los cómo sí: dignificación policial, modelos de justicia cívica, colaboración entre gobiernos locales y empresarios, participación comunitaria. En la medida en que nuestras participaciones —aunque con diferencias de enfoque y contenido— se encuentren homologadas en su estructura, será posible transmitir un mensaje claro entre la población: la militarización abona a las violencias, es un problema, y es posible desmontarla. Me parece que dicho ejercicio es un punto de entrada relevante para ejercer contrapesos desde los espacios que todavía quedan disponibles.